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¿Aumentará la carga tributaria de los docentes universitarios?

      
Nuevo tributo puede afectar a docentes universitarios. Fuente: Flickr.
Nuevo tributo puede afectar a docentes universitarios. Fuente: Flickr.
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Entre las propuestas que contiene el proyecto de reforma tributaria (Proyecto de Ley 166/2012 C) que cursa en el Congreso desde el pasado 4 de octubre, están la eliminación de los gastos de representación y la creación del Impuesto Mínimo Alternativo NacionalIMAN–, un sistema de recaudo para incrementar la carga tributaria de los docentes universitarios.

Debemos expresar con toda fuerza, contundencia y respeto la defensa del salario de los servidores públicos de las universidades”, declaró Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia, quién invitó a la comunidad universitaria a estar alerta y unidos en esta etapa previa de discusión de la reforma, para impedir que se apruebe el proyecto tal y como está planteado.

Y es que con la eliminación de los gastos de representación, que corresponden al 50 por ciento del salario de los docentes y que no tienen impuesto a la renta, ni retención en la fuente, se eliminaría una compensación que tenían los profesores por sus bajos salarios.

Es un duro golpe contra los empleados docentes y administrativos de las universidades oficiales”, así calificó la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia este proyecto de reforma tributaria. “Calculamos que los salarios de los docentes se reducirían entre un 15 y un 20 por ciento”, explicó su presidenta, la profesora Sara Yaneth Fernández Moreno.

Con estas medidas, el trabajo docente en las universidades públicas sería menos atractivo. Según el comunicado de la Asociación de Profesores, “el salario de enganche sigue siendo irrisorio: $2.900.000; esto, sumado a que deberá pagar, según el IMAN, alrededor de $762.000, el docente preferirá el sector privado con salarios más altos, aun cuando pague más impuestos, ya que su salario también será mayor”.

Para el rector Alberto Uribe Correa, con estas medidas se agravaría una de las mayores amenazas que tienen las universidades públicas, el débil salario de enganche. “Nada hace la Universidad en formar el recurso humano al más alto nivel, si los profesionales no encuentran un salario competitivo, entonces otras instituciones privadas terminan llevándose ese profesional y de paso, el esfuerzo de la Institución”, explicó.

El rector de la Universidad de Antioquia alertó al país y a los docentes sobre las implicaciones de la reforma en diferentes escenarios como la instalación de las mesas rectorales del Sistema Universitario Estatal, en diálogo con la Ministra de Educación, con ASCUN y en los foros regionales con los parlamentarios, presentando una propuesta para que se conserven esos gastos de representación y solicitando que las exenciones en parafiscales que tendrán las grandes empresas, sean extendidas a las universidades públicas. “Es que las universidades públicas son unas grandes generadoras de empleo a nivel nacional”, agregó Uribe.

Precisamente, uno de los objetivos planteados por el Gobierno Nacional con este proyecto es el aumento del empleo formal en el país.

El Gobierno Nacional presenta esta reforma tributaria con la falacia de crear más empleo, bajo la lógica de darle alivios a los empleadores, reduciendo su carga, y por medio de impuestos indirectos o nuevos, trasladar esa carga al bolsillo de los docentes”, manifestó Sara Fernández, para quién esto es una evidencia de la pérdida de garantías de un Estado pleno, donde la salud, la vivienda, la educación, la salud y el trabajo son una mercancía.

Los gastos de representación fueron establecidos según el Decreto 624 de 1989 ―Artículo 206, numeral 7, inciso final― para defender los ingresos de los docentes universitarios. De esta manera los rectores y profesores de las universidades públicas gozan de la exención del 50% de su salario.

Más tarde, en la sentencia del 11 de mayo de 2004, la Corte Constitucional declaró esta medida como exequible frente a la demanda de una ciudadana: “una medida de estímulo y fomento tendiente a dignificar la actividad que desarrollan estos servidores, como reconocimiento a su misión de formadores de futuros profesionales e investigadores, a las calidades que exigen esos cargos, y al estatus que ocupan en la sociedad quienes los desempeñan”.

Los cambios que pretende introducir el Gobierno Nacional acabarían con una medida de compensación a los profesores que ha regido durante 26 años, además iría en detrimento del patrimonio de la universidad pública, específicamente del patrimonio humano, que en últimas, es el más importante.


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