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Así lo manifestó el Procurador General de la Nación, en concepto emitido ante la Corte Constitucional, frente al literal e) y el parágrafo 1º (parcial) del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, «por la cual se organiza el servicio público de educación superior».

El citado artículo autoriza, entre otros cobros, el pago de los derechos de grado y establece también que estos dineros deberán estar justificados únicamente como costos académicos.

Para el ministerio público resulta razonable que las instituciones de educación, de conformidad con la ley, expidan como constancia un diploma con características estéticas y de seguridad cuyo costo de elaboración tienen derecho a recuperar. Sin embargo, esto no debe representar un costo excesivo para los estudiantes.

Adicionalmente, los derechos de grado, al parecer, incluyen los costos de realización de la ceremonia de grado, al respecto advierte el concepto que, « la organización de estos actos es parte de la autonomía universitaria y el Estado no puede intervenir en estas decisiones».

No obstante, es necesario aclarar que el derecho a recibir el título profesional es un derecho independiente de las ceremonias que organicen los mencionados entes educativos para la entrega de los diplomas y que la participación y aportes económicos de los estudiantes en estos actos no pueden condicionar la entrega del título.

Señala además que, pese a que las universidades tienen autonomía presupuestal y financiera, dicha libertad no puede «afectar el núcleo esencial de los derechos ni la prestación de un servicio público. Por lo anterior, exigir cobros cuyo significado no es claro ni para las autoridades, ni para los estudiantes, ni para las instituciones, atenta contra el derecho del estudiante a recibir su título y lo obliga a pagar un costo que en estos términos se convierte en arbitrario».

Por lo anterior, el jefe del Órgano de Control conceptuó que el cobro de los derechos de grado es constitucional siempre y cuando la institución educativa justifique claramente las razones académicas que lo fundamentan.

Finalmente, la Procuraduría se declaró inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad del cobro del servicio médico asistencial en las instituciones de educación superior, dado que la demanda no cumplía con los requisitos legales.

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