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Tras gestión de la U. Nacional, Gobierno estudia propuestas de trabajadores

      
Tras gestión de la U. Nacional, Gobierno estudia propuestas de trabajadores
Jorge Iván Bula Escobar, vicerrector general de la Universidad Nacional. Fuente: Unimedios.
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La participación de estas entidades del Estado fue requerida por la UN después de establecer que, a pesar de reconocer la legitimidad de las aspiraciones salariales de los trabajadores, la Institución no cuenta con la autonomía para decidir al respecto.

Por lo tanto, “la dirección de la Universidad pidió al Ministerio de Educación Nacional atender estas solicitudes ante instancias del Gobierno que puedan dar una luz sobre el tema”, afirmó Jorge Iván Bula, vicerrector general de la UN.
 
“El 30 de enero se instaló la mesa con el Gobierno nacional, y se espera que, en un diálogo entre los trabajadores, el Estado y la Universidad, se haga un análisis de la situación y haya acuerdos de beneficio común”, puntualizó el profesor Bula.
 
 
Proceso de los acuerdos

La UN ha estado permanentemente abierta al diálogo con los trabajadores en torno al tema de la nivelación salarial. Los acuerdos pactados se han cumplido hasta la fecha, respetando los intereses de la comunidad universitaria en general.

El profesor Bula señaló en su momento que uno de los aspectos por precisar era el impacto presupuestal real de las peticiones del grupo de trabajadores, que exige el 30 por ciento de reajuste salarial más un 2% adicional a lo que determine el Gobierno en los años subsecuentes.

Por otro lado, en reunión con los trabajadores organizados en Sintraunicol, se ratificó la propuesta de recategorizar ciertos cargos administrativos sin modificar la planta, de manera que se puedan mejorar las condiciones de remuneración y crear 65 nuevos puestos de carreras administrativas. Asimismo, se confirmó la disposición de continuar en diálogo abierto con las directivas de la UN.

“Estas peticiones se hacen sobre el supuesto de que la condición de remuneración de los trabajadores de la UN, con respecto a la de los empleados de otras entidades educativas o estatales de características similares, es inferior”, indicó el profesor Bula.

La autonomía que tienen las directivas de la Institución para decidir sobre el reajuste salarial está limitada. Las decisiones sobre el particular superan las posibilidades de orden legal y de disposición presupuestal que habría para tal fin.

Por eso, se comprometieron a acompañar las solicitudes de los trabajadores con un análisis del impacto financiero y administrativo de sus requerimientos.

Asimismo, se comprometieron a establecer las desventajas de las condiciones de remuneración percibidas por el personal, con respecto a otras instituciones de la misma categoría, y a “tramitar ante el CSU dichas peticiones, para que este, a su vez, las evaluara y las condujera, si así lo estimaba conveniente, ante las instancias del Gobierno nacional competentes en la materia”.

Los resultados del análisis del impacto financiero y de la comparación con otras instituciones fueron entregados a los trabajadores y evaluados, de manera oportuna, en conjunto con sus delegados.

Después de varias discusiones, se acordó, en las respectivas mesas de diálogo (que se conformaron con los delegados de cada uno de los grupos de trabajadores), que el CSU, máxima autoridad de la Institución, tramitaría ante el Gobierno nacional el estudio de la aprobación de los recursos necesarios para cumplir con sus peticiones.

En la reunión del 11 de diciembre de 2012 del CSU, por iniciativa de la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campos, este cuerpo colegiado aprobó conformar una comisión de trabajo con las autoridades del orden nacional competentes para evaluar las demandas de los trabajadores.

En reunión sostenida en el mes de enero entre la ministra Campos y el rector de la Universidad, la titular de la cartera de Educación delegó en la viceministra de Educación Superior la responsabilidad de convocar a las instancias gubernamentales pertinentes para dialogar y examinar las peticiones de los trabajadores de la UN.

De esta forma, los Ministerios de Educación Nacional, del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, en representación del Ministerio de Hacienda, han asumido la labor de acompañar este proceso.

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