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Autonomía, Ciencia, Tecnología e Innovación y Financiación de las universidades

      
En el marco de los foros sobre la <a href=https://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/03/14/801103/reforma-ley-30-aporte-universidades.html target=_blank><strong>Reforma a la Ley 30 de 1992</strong></a>, organizados por la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN–, el Sistema Universitario Estatal –SUE– y cuya sede para la Región fue la Universidad del Magdalena, directivos, docentes y estudiantes discutieron propuestas para la nueva reglamentación de la Educación Superior en el país.<br/><br/> Los temas analizados fueron autonomía; ciencia, tecnología e innovación y financiación de las instituciones de educación superior, a la luz de los cambios propuestos por el Gobierno Nacional. El ejercicio dejó como conclusión principal que más allá de una<a href=https://noticias.universia.net.co/tag/ley-30/ target=_blank><strong> reforma a la Ley 30 de Educación Superior</strong></a>, se necesita la expedición de una Ley Estatutaria, partiendo de que la educación es un derecho fundamental y de que la autonomía es un principio Constitucional que le es inherente a las universidades. <br/><br/> Los asistentes expresaron su preocupación frente a la posibilidad del ingreso de capital privado a las universidades propuesto por el Gobierno y a las repercusiones que esto puede tener en la autonomía universitaria. “La educación y la autonomía deben ser objeto de regulación de una ley estatutaria y deben ejercerse en un marco normativo y de responsabilidad social”, precisó Jorge Sánchez Buitrago, director del proceso de Acreditación Institucional de Unimagdalena. <br/><font size=2><strong><br/><a href=https://noticias.universia.net.co/ciencia-nn-tt/noticia/2010/10/26/647298/ciencia-tecnologia-e-innovacion-deben-ser-democraticas.html target=_blank>Ciencia, tecnología e innovación</a></strong></font><br/> Frente al tema de Ciencia, Tecnología e Innovación la comunidad académica planteó la necesidad de evaluar primero los alcances que ha tenido la Ley 30 hasta el momento, para formular posteriormente una reforma que esté acorde con las nuevas exigencias del entorno y corrija errores como la inequidad en la distribución de los recursos destinados para la investigación universitaria. José Henry Escobar, vicerrector de investigación de la Universidad del Magdalena sostuvo que “la Ley que tenemos hoy tiene unas desigualdades enormes frente a lo que son las instituciones de educación superior, en el entendido de que coloca a todas las universidades con las mismas potencialidades y necesidades, como si todas tuvieran los mismo recursos”. <br/><br/> El directivo universitario explicó que con este sistema todas las universidades son evaluadas de la misma manera, lo que genera desigualdades considerables. Ante este panorama, los representantes de las instituciones de educación superior sugirieron que los recursos de financiación para investigación sean ponderados de acuerdo a las necesidades propias de cada institución. <br/><br/> Así mismo, la comunidad universitaria planteó la necesidad de una unificación de la política de investigación que de claridad sobre la transcendencia y el rol que la universidad debe jugar en el desarrollo de la nación. El vicerrector Escobar afirmó que “no hay una política de país que desarrolle realmente las potencialidades de la nación y que direccionen la investigación que la universidad debe hacer acorde con la propuesta de país y región que se pretende”. <br/><font size=2><strong><br/><a href=https://noticias.universia.net.co/tag/Financiaci%C3%B3n/ target=_blank>Financiación</a></strong></font><br/> En el aspecto de Financiación la comunidad académica propuso definir claramente cómo es que se va abandonar el subsidio de oferta para pasar a un subsidio de demanda. Jaime Morón Cárdenas, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, explicó que “este sistema ha funcionado en determinados países donde hay un nivel de recaudo importante que se transfiere a las universidades, pero para el caso colombiano es un modelo que se debe implementar de manera paulatina y no de forma inmediata en que se debe pasar a subsidiar a la demanda”. <br/><br/> Los representantes de las universidades de la Región advirtieron además que de implementar este sistema de la manera como lo propone el Gobierno Nacional, los resultados pueden ser los ya conocidos en sectores como la salud, donde el subsidio de la demanda está colapsado. <br/><br/> El primer Foro Regional sobre la Reforma a la Ley 30 de 1992, dejó como gran colusión que no basta con intervenir o reformar la Educación Superior, sino que es necesario compasarla con los procesos de desarrollo de los otros sectores del país, dado a que de nada sirve que del sector universitario egresen profesionales de alta calidad si el sector productivo no tiene capacidad de acogerlos como profesionales. De allí que se plantee desde la academia la necesidad de una reforma integral, cuyo vector debe ser la financiación que garantice la Autonomía Universitaria y la inversión en procesos de <a href=https://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/01/20/781684/10-mejores-ies-ciencia-tecnologia-e-innovacion.html target=_blank><strong>Ciencia, Tecnología e Innovación</strong></a>. <br/><br/>
En el marco de los foros sobre la Reforma a la Ley 30 de 1992, organizados por la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN–, el Sistema Universitario Estatal –SUE– y cuya sede para la Región fue la Universidad del Magdalena, directivos, docentes y estudiantes discutieron propuestas para la nueva reglamentación de la Educación Superior en el país.

Los temas analizados fueron autonomía; ciencia, tecnología e innovación y financiación de las instituciones de educación superior, a la luz de los cambios propuestos por el Gobierno Nacional. El ejercicio dejó como conclusión principal que más allá de una reforma a la Ley 30 de Educación Superior, se necesita la expedición de una Ley Estatutaria, partiendo de que la educación es un derecho fundamental y de que la autonomía es un principio Constitucional que le es inherente a las universidades.

Los asistentes expresaron su preocupación frente a la posibilidad del ingreso de capital privado a las universidades propuesto por el Gobierno y a las repercusiones que esto puede tener en la autonomía universitaria. “La educación y la autonomía deben ser objeto de regulación de una ley estatutaria y deben ejercerse en un marco normativo y de responsabilidad social”, precisó Jorge Sánchez Buitrago, director del proceso de Acreditación Institucional de Unimagdalena.

Ciencia, tecnología e innovación

Frente al tema de Ciencia, Tecnología e Innovación la comunidad académica planteó la necesidad de evaluar primero los alcances que ha tenido la Ley 30 hasta el momento, para formular posteriormente una reforma que esté acorde con las nuevas exigencias del entorno y corrija errores como la inequidad en la distribución de los recursos destinados para la investigación universitaria. José Henry Escobar, vicerrector de investigación de la Universidad del Magdalena sostuvo que “la Ley que tenemos hoy tiene unas desigualdades enormes frente a lo que son las instituciones de educación superior, en el entendido de que coloca a todas las universidades con las mismas potencialidades y necesidades, como si todas tuvieran los mismo recursos”.

El directivo universitario explicó que con este sistema todas las universidades son evaluadas de la misma manera, lo que genera desigualdades considerables. Ante este panorama, los representantes de las instituciones de educación superior sugirieron que los recursos de financiación para investigación sean ponderados de acuerdo a las necesidades propias de cada institución.

Así mismo, la comunidad universitaria planteó la necesidad de una unificación de la política de investigación que de claridad sobre la transcendencia y el rol que la universidad debe jugar en el desarrollo de la nación. El vicerrector Escobar afirmó que “no hay una política de país que desarrolle realmente las potencialidades de la nación y que direccionen la investigación que la universidad debe hacer acorde con la propuesta de país y región que se pretende”.

Financiación

En el aspecto de Financiación la comunidad académica propuso definir claramente cómo es que se va abandonar el subsidio de oferta para pasar a un subsidio de demanda. Jaime Morón Cárdenas, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, explicó que “este sistema ha funcionado en determinados países donde hay un nivel de recaudo importante que se transfiere a las universidades, pero para el caso colombiano es un modelo que se debe implementar de manera paulatina y no de forma inmediata en que se debe pasar a subsidiar a la demanda”.

Los representantes de las universidades de la Región advirtieron además que de implementar este sistema de la manera como lo propone el Gobierno Nacional, los resultados pueden ser los ya conocidos en sectores como la salud, donde el subsidio de la demanda está colapsado.

El primer Foro Regional sobre la Reforma a la Ley 30 de 1992, dejó como gran colusión que no basta con intervenir o reformar la Educación Superior, sino que es necesario compasarla con los procesos de desarrollo de los otros sectores del país, dado a que de nada sirve que del sector universitario egresen profesionales de alta calidad si el sector productivo no tiene capacidad de acogerlos como profesionales. De allí que se plantee desde la academia la necesidad de una reforma integral, cuyo vector debe ser la financiación que garantice la Autonomía Universitaria y la inversión en procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación.


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