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Educación Superior:¿Derecho fundamental?

      
Javier Botero Álvarez - Viceministro de Educación Superior
Javier Botero Álvarez - Viceministro de Educación Superior
El debate a esta reforma es amplio y ha encontrado en su camino opositores, detractores y defensores de una propuesta que apunta a la creación de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro; a un modelo de financiamiento que permita ampliar la cobertura y calidad educativa; y a la posibilidad de declarar el acceso a la Educación Superior como un derecho fundamental.

Éste es un debate que no es novedoso, pero a la luz de una reforma encaminada a la transformación del Sistema Educativo Nacional, conviene analizar qué tipo de derecho es el derecho a la educación en Colombia, cómo está reglamentado, cuál es su aplicación práctica y hacia a dónde apunta esta reforma.

Para el profesor Investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Diego Andrés González, “el derecho a la educación es un derecho fundamental que está previsto en el artículo 67 de la Constitución Colombiana. La Constitución establece que la educación es un derecho de las personas, un derecho que se declara como de obligatorio cumplimiento entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

Diversos tratados Internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño del 89, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del hombre del 48 y 49, consagran el derecho a la educación como un bien público, en donde los Estados deberán asegurar a todas las personas el acceso y la permanencia en los procesos educativos, estos pactos establecen la educación primaria como obligatoria y “gratuita” para todos.”

Sin embargo, la posibilidad de gratuidad en la educación y más aún en la educación superior es algo que se concibe en el país como ilusorio, distante y supremamente difícil de aplicar, “pues existe una discrepancia entre la normatividad internacional, la constitución política, y la realidad política y social del país”

La Constitución expresa de forma clara la educación como un derecho, un bien público y de carácter gratuito pero consagra también la posibilidad de cobrar derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Ciertamente la realidad social y política dista mucho del carácter constitucional de este derecho.

“El derecho a la educación dentro del Marco Jurídico Colombiano es un derecho de aplicación progresiva más no inmediata, es decir, el Estado tiene la responsabilidad de remover progresivamente todas las barreras materiales que impidan a los ciudadanos acceder a la educación, llámense éstas presupuestales, de cobertura, de calidad, de acceso, de adaptabilidad, pero la progresividad de estas barreras no sugiere precisamente un acceso de carácter gratuito ya que hay una falta evidente de recursos, calidad y acceso, concluye el investigador Diego González.

Para el Viceministro de Educación Nacional, Javier Botero Álvarez es claro que el “hecho de que algo sea un derecho y aún más que sea un bien público no implica para nada que sea gratuito, en ningún momento se está planteando esta posibilidad en la reforma, porque ni el Estado Colombiano ni los estados más ricos lo están haciendo. En estos momentos la tendencia avanza hacia la diversificación de fuentes de ingreso para los Sistemas de Educación Superior”.

Esta diversificación apunta sin lugar a dudas al mejoramiento en calidad, cobertura, financiación, equidad social, investigación, pero desde ninguna óptica resulta admisible que la garantía al sistema de Educación Superior se esté supeditando a una discusión meramente económica, de financiación y de capital.

“No estamos hablando solamente de recursos económicos, se necesitan muchas más cosas, se necesitan recursos humanos, se necesitan muchas más personas formadas con nivel doctoral, se necesitan laboratorios y esto necesariamente demanda recursos, pero lo que más necesitamos y es lo más importante es el interés de todos los actores de la sociedad para que esto se dé, y este es el llamado que está haciendo el Gobierno Nacional, porque la educación superior es realmente responsabilidad de todos, asunto de todos y nos toca a todos los colombianos y colombianas” , concluye el Viceministro.

Está claro que el Sistema de Educación necesita urgentemente ser reformado en pro del mejoramiento en aspectos de cobertura, calidad, investigación y acceso. Es necesario superar todas las barreras y desigualdades existentes para garantizar de forma clara y real el acceso de todos los colombianos y colombianas al ejercicio del derecho educativo.

Solo el tiempo y la inclusión de un diálogo abierto, continuo y consistente dirá si estamos en la capacidad de superar o no los vacíos constitucionales, la disfuncionalidad de un sistema que necesita ser reformado, pero para ello es necesario comprender que existe una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad.


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