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Ni cobertura ni calidad mejorarán con la reforma a la Ley 30

      
Foto: Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia - Unimedios
Moisés Wasserman, rector de la UN, señaló que la Ley 30 no resolverá el desfinanciamiento de las universidades públicas. Fotos: Unimedios
La diferencia entre lo que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y lo que requiere actualmente el sector estatal es uno de los principales reparos del rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, al proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992.

La falta de recursos, indicó Wasserman, impedirá que estas instituciones puedan solventar el problema de desfinanciamiento (producto de un aumento de los costos de la educación superior que no ha sido compensado anualmente con las transferencias gubernamentales), aumentar cobertura y asegurar calidad.

Este análisis financiero fue presentado en la segunda jornada de la Audiencia pública sobre la reforma a la educación superior, realizada en el Salón Boyacá del Congreso de la República con la presencia de directivas universitarias, profesores, estudiantes y congresistas de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Los cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE) parten, por un lado, de las metas planteadas por el MEN para los próximos tres años en cobertura que promueven la creación de 645.000 nuevos cupos, de los cuales 95.000 corresponderán a las 32 universidades del SUE.

Y por el otro, de la propuesta financiera consignada en el proyecto de reforma. Esta plantea que entre el 2012 y el 2022 los recursos se incrementarán tres puntos reales respecto a los aportes de la nación asignados a las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales en el año inmediatamente anterior.

Conforme al artículo 146 del proyecto, entre el 2012 y el 2014 la mitad de los nuevos recursos se repartirán de forma proporcional a las IES públicas según los aportes de la nación en el 2011. El 50% restante se distribuirá a partir de cuatro criterios: 1) generación de nuevos cupos; 2) productividad académica de los docentes; 3) formación del recurso docente y 4) fortalecimiento de la capacidad de investigación e innovación.

Entre el 2015 y el 2022 (artículo 147) la totalidad de los recursos serán distribuidos teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los tres años inmediatamente anteriores en áreas como acreditación de alta calidad; producción académica, investigativa y de innovación; entre otros.

Representantes del sector educativo indicaron que esta estrategia gubernamental impedirá contrarrestar el actual desfinanciamiento de las 32 IES estatales, porque están atados a nuevas exigencias y condicionamientos.

Adicional a lo anterior, Wasserman planteó que los recursos que provendrían del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en los próximos años (otra de las estrategias financieras del proyecto) tampoco alcanzarán para solventar las necesidades de las universidades estatales en cobertura y en calidad e investigación. “Entre el 2012 y el 2022 los recursos para el sistema público de educación superior pasarán de 0.42% a 0.46%. Es decir, tan solo un aumento de 0.04% del PIB por año”, explicó.

Ante los cálculos realizados por el Ministerio de Educación, Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), señaló que “la cobertura sin calidad es un engaño”. Y añadió que uno de los primeros requisitos para la alta calidad es que se transfieran mayores recursos sin condicionamientos.


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