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Fallas en asistencia técnica agropecuaria en Bogotá

      
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Fallas en asistencia técnica agropecuaria en Bogotá. Foto: Agencia Nacional de Noticias.
A esta conclusión llegó Mario Edilberto Torres del Corral en su tesis de pregrado de Agronomía. “En cuanto a la asistencia técnica, queda todo por hacer. Lo que hay es necesario revisarlo porque no está cumpliendo las expectativas de las comunidades campesinas. No se han creado los centros provinciales ni los centros de compensación o los fondos municipales o distritales para la prestación del servicio. Ytampoco se han establecido las unidades agrícolas familiares (UAF)”.

El estudiante hizo un análisis de la asistencia técnica agropecuaria que se presta en el Distrito Capital, durante el periodo comprendido entre 1996 y 2006, en las seis localidades de Bogotá que están incluidas en la política pública de ruralidad: Chapinero, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba, Usme y Sumapaz.

“Este estudio es una necesidad puntual que tiene la ciudad. Casi el 70% del territorio de Bogotá es zona rural: de las 163.575,20 hectáreas, 121.473,65 corresponden a suelo rural y en estas zonas hay concentrada una potencialidad agropecuaria”, puntualiza.

Su investigación, que se enfocó en el marco jurídico, en el funcionamiento actual y en la inversión económica, concluyó que el propósito fundamental del proceso de descentralización administrativa del Estado no logra concretarse en Bogotá en lo que respecta al “desarrollo normativo en materia de la prestación de este servicio, que tiene deficiencias en su rigor jurídico”.

Además de la potencialidad agropecuaria de estas localidades, que se está desaprovechando, firma que la importancia de este servicio está asociada al hecho de que es un derecho consagrado a nivel constitucional (artículo 64).

Y agrega que el Decreto 482 de 1996, en contra de su objeto de organizar la asistencia técnica agropecuaria, no crea formalmente las unidades administrativas denominadas Ulata (Unidades Locales de Asistencia Técnica Agropecuaria) y que tampoco establece las UAF en las zonas rurales distritales, ”lo que lleva a que se preste este servicio por fuera de los parámetros legales”.

También señala que la actualización de las normas a nivel municipal no se dio con la Ley 607 de 2000, que cualifica los términos y las condiciones generales para la asistencia técnica. Asimismo, dice que la expedición de la Resolución 313 de 2006 de la Secretaria Distrital de Gobierno marca un nuevo momento para la prestación del servicio en el Distrito Capital, pues modifica el desarrollo del Decreto 482, en el que las Ulata son entendidas como un personal de planta, con funciones y competencias laborales expresadas al nivel de localidades.

“Este hecho configura una clara contradicción de carácter jurídico y normativo, pues se da a través de una entidad que no tiene la función delegada”, manifiesta.


Análisis situacional

La asistencia técnica rural, según lo establece la Ley 607 de 2000, es un servicio que comprende la atención regular y continua de los productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros.

El estudiante asegura que, en la actualidad, no existe articulación entre las entidades del distrito y que, en cambio, hay descoordinación en la ejecución del trabajo en el campo. Añadió que lo que iba a ser el Plan de Desarrollo Rural terminó siendo unplan de gestión rural, un instrumento con un listado de proyectos que no se enfocan en el desarrollo integral y que no tienen en cuenta las necesidades de los campesinos.

“La estructura organizacional no favorece la prestación eficiente y efectiva de este servicio en las condiciones que demandan las áreas rurales del Distrito Capital. Además, a pesar de contar con recursos fijos anualmente, estos no cubren la necesidad general de los beneficiarios porque la ejecución de recursos se da como proyecto de inversión y  deja de ser un servicio público”, explica.


Recomendaciones

Torres del Corral plantea la necesidad de que la Administración Distrital comience un proceso de ajuste normativo y administrativo que permita la implementación real de un Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria para desarrollar las potencialidades de las zonas rurales.

“Esto implica empezar una validación de las diferentes normas, así como la estructuración y puesta en marcha de las instancias de coordinación de las políticas rurales que actualmente tienen aplicación en el orden nacional y distrital”, anota. Asimismo, agrega, el distrito debe elevar una propuesta de reforma normativa o establecer un espacio  de coordinación que le permita el manejo y desarrollo armónico de las áreas rurales.

Por último, invita a las universidades a que se involucren en este asunto, por medio de recurso humano y tecnológico, y a que apoyen a las comunidades campesinas del sector, que están ávidas de ayuda.
 

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