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Defender la vida, la palabra y la universidad

      
Tomado del periódico Alma Máter No 544
Universidad de Antioquia


Con base en la evaluación de los panfletos que contienen las amenazas y acogiendo las demandas de los afectados, la Defensoría del Pueblo pidió a los organismos universitarios, a los órganos de seguridad y a los respectivos entes gubernamentales, que adopten medidas de prevención y protección eficaces para salvaguardar los derechos de los universitarios.

"Teniendo en cuenta el escenario descrito, asociado al comportamiento histórico de los actores armados al interior de la Universidad y la persecución a algunos líderes estudiantiles por grupos armados al margen de la ley, es altamente probable la ocurrencia de acciones intimidatorias, homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados contra miembros de la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia", dice en uno de sus apartes el informe de la Defensoría del Pueblo, fechado el 12 de mayo en Bogotá.

Este informe de riesgo y la reiteración de las amenazas por parte de dos agrupaciones anónimas que se hacen llamar "Autodefensas Universidad de Antioquia Audea" y "Colombia libre de comunistas", motivaron la realización de un Consejo de Seguridad el sábado 20 de mayo, presidido por el gobernador Aníbal Gaviria y el rector Alberto Uribe.

También el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, el Comité Rectoral, los Claustros de Profesores en las Facultades, Escuelas e Institutos, y las organizaciones que agremian al profesorado, al estudiantado, a los empleados, a los trabajadores y a los jubilados, adelantaron acciones individuales y conjuntas con la finalidad específica de defender y hacer respetar la vida, la palabra y la Universidad, con la más clara e inquebrantable firmeza, unidad y convicción.

En el convencimiento general de los estamentos, toda amenaza, todo acto intimidatorio, toda acción que busque desestabilizar la vida universitaria y niegue el derecho a una pronta y debida justicia, se constituye en un atentado contra la dignidad y la integridad de la Universidad como institución de conocimiento y como patrimonio académico, científico, cultural e histórico de la humanidad.

Un escrito como el que contiene las amenazas "es un acto sumamente violento, que perturba el normal funcionamiento de la Universidad y afecta la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad emocional, afectiva y familiar de las personas que allí aparecen mencionadas (profesores, estudiantes, empleados y pensionados) en forma directa e inmediata y de una manera indirecta, a toda la comunidad universitaria", expresó en un comunicado el Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el que además dejó claro que "reivindica a la Universidad Pública como un espacio de construcción colectiva, abierto y plural, en el cual ningún grupo puede pretenderse portador de una verdad absoluta para arrogarse el derecho a la descalificación y a la estigmatización".

"Por tanto, agregó, debe afianzarse la idea de una Universidad abierta, en la cual la discusión de los problemas de la sociedad y la búsqueda y transmisión del conocimiento, se pueda hacer sin exclusiones y sin amenazas. Una Universidad así, es un derecho y un deber de todos los universitarios y la única posible en una sociedad que se pretenda democrática.

Sintetizando el sentimiento de solidaridad y el espíritu de la protesta pacífica pero enérgica de los universitarios, el Consejo del Instituto de Filosofía hizo un llamado "en términos de reiterar el valor de la palabra que toma vida en las prácticas deliberativas, en la argumentación franca y abierta, y en el respeto por la diferencia, todo ello articulado con los principios de la racionalidad que deben guiar la vida en comunidad".

De otro lado, con relación al "traslado a Bogotá por parte de la Fiscalía, del proceso judicial por el cual se encuentran detenidos algunos estudiantes de la Universidad, originado por los lamentables hechos del 10 de febrero del año pasado", el Consejo Académico explicó en un comunicado el miércoles 31 de mayo que las autoridades de la institución, en respuesta al malestar y al rechazo que este hecho causó, "de manera inmediata indagaron ante la Fiscalía las razones de tal traslado y la respuesta que se recibió fue que ésta tenía la competencia legal para hacerlo y lo había llevado a cabo en consideración de que se trataba de un caso delicado de orden público de connotación nacional que exigía un tratamiento imparcial, el cual podría brindarse de mejor manera por parte de los fiscales de la Corte Suprema de Justicia".

Sobre el mismo tema, el Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho precisó: "Por nuestra marcada devoción hacia el garantismo, el que además entendemos como la única forma de concebir la persecución penal en un Estado Social de Derecho, este Claustro considera que la remisión inmotivada del proceso a los fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, lesiona el legítimo interés de los procesados en encontrar pronta solución a la situación que los tiene privados de su libertad, prolonga arbitrariamente los términos para que se resuelva el recurso interpuesto y quebranta el derecho a obtener una justicia impartida por funcionarios judiciales independientes e imparciales, todo en desprecio de las garantías constitucionales de los procesados".

"Reiteramos nuestro repudio a las acciones que motivaron la investigación y reafirmamos nuestra posición indeclinable por ver desterrada la violencia como acción de lucha política", concluyeron los docentes.

Finalmente, en las reuniones que sostuvo el rector Alberto Uribe y el Consejo Académico con los profesores (el 31 de mayo) y con los estudiantes (el 1 de junio), en el Teatro Camilo Torres Restrepo, para explicarles las razones del cierre temporal de la Universidad, el cual se produjo la noche del miércoles 24 de mayo, con reapertura gradual a partir del martes 30, las directivas universitarias convocaron "a profesores, estudiantes, trabajadores y jubilados a que se unan en torno a la defensa de una universidad abierta, en cumplimiento de sus objetivos misionales; en la exigencia al respeto al derecho a la vida y al pluralismo; y en el rechazo y la condena de todo tipo de amenazas a la comunidad universitaria y al uso de la violencia y la intimidación vengan de donde vinieren".

"En momentos de incertidumbre en los que se pone en juego la supervivencia de los valores sociales, la Universidad está llamada a apelar al espíritu de la solidaridad, y a cultivar con más ahínco su compromiso con el saber transformador. (AGM)

Encuentre más información en https://almamater.udea.edu.co/periodico/sc-probu-01.htm.
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