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La celada contra las transferencias para la salud y la educación pública

      
El gobierno de Álvaro Uribe decidió emprender la cuarta reforma al sistema de transferencias en la conmemoración de los 20 años de iniciado el proceso de descentralización en 1986.<br/><br/> La discusión está lejos de ser un asunto técnico, como quiera que está en juego la bolsa más grande de la política social, fundamentalmente el monto consagrado a financiar la salud y la educación pública en sus niveles básicos. También se podrían modificar, una vez más, los criterios de repartición de cuantiosísimas rentas. Finalmente, y con seguridad, se profundizará la pretensión del gobierno nacional de asignar el gasto público social los más directamente posible, a la vez que restringe márgenes de protagonismo y autonomía a la descentralización del gasto.<br/><br/> En las reformas de 1986 se hicieron sentir dos décadas de asenso de movimientos sociales periféricos contra "el centralismo". Los diálogos de entonces con la insurgencia, y la posibilidad de abrirles compuertas institucionales para su inserción a través de los gobiernos locales, presionaron el incremento dramático de los giros y una relativa, aunque recortada, autonomía otorgada a las entidades locales para asignar el gasto descentralizado.<br/><br/> En la asamblea constituyente de 1991 confluyeron dos fuerzas contradictoras en la definición de las transferencias. Una tendencia "garantista" y otra neoliberal. La primera, defendió el incremento de partidas para la política social, bajo la prestación directa de los servicios por los gobiernos locales y la participación de los usuarios en los asuntos administrativos y la orientación de las políticas. La segunda, consagró el principio de la prestación de los servicios públicos básicos por el sector privado y la responsabilidad de los gobiernos locales y los consumidores en la (co)financiación directa de los servicios descentralizados.<br/><br/> Desde el gobierno de Gaviria en adelante el asenso neoliberal se hizo más claro y profundo. Las leyes reglamentarias de la descentralización se convirtieron en facilidades para la privatización de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Además, se creó un mercado financiero para lucrarse con los ahorros de los trabajadores formales en salud y pensiones.<br/><br/> Los subsidios para los pobres tampoco escaparon a las redes de intermediación financiera, en particular a través del manejo del régimen subsidiado en salud. Las relaciones políticas de la década del sesenta y ochenta habían girado. Los movimientos sociales y las nuevas fuerzas políticas quedaron atrapados por una tenaza. Por un filo, el acceso a la institucionalización de su fuerza moderó sus pretensiones. Por el otro, la extensión de las confrontaciones armadas extinguieron más de un movimiento y otros fueron menguados en la disputa militar por el control de los territorios.<br/><br/> El congreso, en la presidencia de Pastrana, acometió la tercera gran reforma a las transferencias. Por el frente político, se rompieron los diálogos con las Farc y, por el frente económico, el país entró en la crisis económica más aguda de medio siglo. Coincidieron: un decrecimiento de la economía, un aumento del déficit fiscal y un incremento de la deuda pública total.<br/><br/> El peor de los mundos. En este ambiente se tomó la decisión de hacer pagar una parte muy importante del ajuste de las finanzas públicas a las transferencias, acusadas injustamente de ser las culpables del desmadre fiscal.<br/><br/> Sin duda, había que actuar y rápido. La decisión fue política, como toda vez que se sacrifican sectores particulares para reponer desequilibrios generales en cuyas dinámicas concurren múltiples causas y cuentas.<br/><br/> Desde la constituyente los líderes neoliberales habían manifestado suprema molestia contra los altos giros para el gasto social. El derecho de las localidades a manejar tanta plata y el poco control tecnocrático central sobre su uso fue siempre, y sigue siendo, una odiosa conquista criticada.<br/><br/> La crisis se aprovechó para empezar un proceso de recorte a las transferencias, un incremento del control directo central sobre el uso de los recursos de la política social y un debilitamiento del sector público local. La capacidad de contraer crédito por los gobiernos locales fue disminuida y del déficit en sus cuentas se pasó a un superávit. Para alcanzar estos "logros" se incrementaron tarifas e impuestos locales, se bajaron salarios, se disminuyó el empleo público y se estimuló la privatización de empresas públicas locales.<br/><br/> Detalle significativo, el Ministerio de Hacienda y los banqueros garantizan que porcentajes muy significativos de las transferencias alimenten el lucro financiero, en detrimento de las prioridades sociales del gasto público descentralizado.<br/><br/> Pieza maestra del "ajuste a la descentralización" fue la modificación transitoria de la Constitución en cuanto al cálculo de la bolsa a transferir, acto legislativo No 1 del 2001. En virtud de él, más de 17 billones de pesos (a valor del peso del 2006) se dejarán de girar entre el 2002 y el 2008. La educación pública pierde más de siete billones de pesos (7,35), la salud pública un poco más de 7 billones (7,11) y los otros sectores sociales se sacrifican en dos billones y medio (2,52) de pesos del 2006: el agua potable y el saneamiento básico.<br/><br/> Según cálculos de la Contraloría General de la República, ya para el 2005, la reforma obligó una pérdida de cobertura en educación para tres millones de menores (2.929.030). Es decir, un sacrificio del 24% del aumento posible, de haberse respetado el pacto constituyente. En salud, el sacrificio al 2005 fue de casi cinco millones y medio de personas (5.438.172), que estarían cobijadas por un seguro subsidiado de salud. Es decir, la amputación de un aumento del casi 14% en las coberturas de servicios básicos para la población más pobre del país.<br/><br/> A este sacrificio el gobierno nacional lo llamó "estabilización de las transferencias". La reducción del déficit fiscal general era el bien mayor a lograr. Tarea que, una vez cumplida, daría lugar, en el 2008, a la restitución de los porcentajes aproximados de partida. Si el acuerdo del 2001 se respetara, las transferencias para la política social saltarían en casi cinco billones de pesos (4,9) en el 2009, según los cálculos más conservadores posibles.<br/><br/> Vale advertir que incluso en este escenario nunca se recuperarían todos los valores que se hubiesen girado a partir del pacto constituyente. Otra vez de acuerdo a la Contraloría esta inyección de recursos adicionales permitiría alcanzar coberturas totales en salud, educación, agua potable y saneamiento básico en pocos años.<br/><br/> Las coberturas en salud con subsidios parciales se lograrían en el 2009 y con subsidios totales en el 2019 se alcanzaría el 97%; en educación la cobertura bruta total se obtendría en el 2012 al igual que las coberturas totales de agua potable y saneamiento básico-.<br/><br/> Pero el gobierno de Álvaro Uribe no desea respetar los acuerdos del 2001. Por el contrario, bajo el pretexto de volver permanente lo que se quiso transitorio-, se pretende disminuir aun más el monto total del gasto público social por la vía de la descentralización.<br/><br/> Las empresas no financieras del Estado y las entidades territoriales poseen superávit que permiten la desaparición del déficit agregado. Pero, el sector central sigue arrastrando un muy alto déficit. Una vez más la decisión política está tomada. Las metas sociales pueden esperar y las rentas financieras continuar.<br/><br/> En este escenario, Álvaro Uribe lucha sin cesar por extraer montos y capacidad de decisión a los gobiernos locales, para reemplazarlas por los Concejos Comunitarios que preside y por un conjunto de mecanismo de asignación de subsidios que dependen de la cohorte de políticos y funcionarios centrales de su entorno. Esta política reproduce la dependencia de los miserables y la gloria de sus protectores.<br/><br/> El pacto federativo- de la constituyente estableció una regla según la cual si el país crecía o decrecía las ganancias y las pérdidas se repartirían casi por mitades entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. El gobierno de Pastrana rompió el pacto y el de Álvaro Uribe profundiza la ruptura. Ahora se estabilizan a la baja las transferencias y se concentran una vez más los recursos en el nivel central, específicamente en el gobierno nacional.<br/><br/><br/>
El gobierno de Álvaro Uribe decidió emprender la cuarta reforma al sistema de transferencias en la conmemoración de los 20 años de iniciado el proceso de descentralización en 1986.

La discusión está lejos de ser un asunto técnico, como quiera que está en juego la bolsa más grande de la política social, fundamentalmente el monto consagrado a financiar la salud y la educación pública en sus niveles básicos. También se podrían modificar, una vez más, los criterios de repartición de cuantiosísimas rentas. Finalmente, y con seguridad, se profundizará la pretensión del gobierno nacional de asignar el gasto público social los más directamente posible, a la vez que restringe márgenes de protagonismo y autonomía a la descentralización del gasto.

En las reformas de 1986 se hicieron sentir dos décadas de asenso de movimientos sociales periféricos contra "el centralismo". Los diálogos de entonces con la insurgencia, y la posibilidad de abrirles compuertas institucionales para su inserción a través de los gobiernos locales, presionaron el incremento dramático de los giros y una relativa, aunque recortada, autonomía otorgada a las entidades locales para asignar el gasto descentralizado.

En la asamblea constituyente de 1991 confluyeron dos fuerzas contradictoras en la definición de las transferencias. Una tendencia "garantista" y otra neoliberal. La primera, defendió el incremento de partidas para la política social, bajo la prestación directa de los servicios por los gobiernos locales y la participación de los usuarios en los asuntos administrativos y la orientación de las políticas. La segunda, consagró el principio de la prestación de los servicios públicos básicos por el sector privado y la responsabilidad de los gobiernos locales y los consumidores en la (co)financiación directa de los servicios descentralizados.

Desde el gobierno de Gaviria en adelante el asenso neoliberal se hizo más claro y profundo. Las leyes reglamentarias de la descentralización se convirtieron en facilidades para la privatización de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Además, se creó un mercado financiero para lucrarse con los ahorros de los trabajadores formales en salud y pensiones.

Los subsidios para los pobres tampoco escaparon a las redes de intermediación financiera, en particular a través del manejo del régimen subsidiado en salud. Las relaciones políticas de la década del sesenta y ochenta habían girado. Los movimientos sociales y las nuevas fuerzas políticas quedaron atrapados por una tenaza. Por un filo, el acceso a la institucionalización de su fuerza moderó sus pretensiones. Por el otro, la extensión de las confrontaciones armadas extinguieron más de un movimiento y otros fueron menguados en la disputa militar por el control de los territorios.

El congreso, en la presidencia de Pastrana, acometió la tercera gran reforma a las transferencias. Por el frente político, se rompieron los diálogos con las Farc y, por el frente económico, el país entró en la crisis económica más aguda de medio siglo. Coincidieron: un decrecimiento de la economía, un aumento del déficit fiscal y un incremento de la deuda pública total.

El peor de los mundos. En este ambiente se tomó la decisión de hacer pagar una parte muy importante del ajuste de las finanzas públicas a las transferencias, acusadas injustamente de ser las culpables del desmadre fiscal.

Sin duda, había que actuar y rápido. La decisión fue política, como toda vez que se sacrifican sectores particulares para reponer desequilibrios generales en cuyas dinámicas concurren múltiples causas y cuentas.

Desde la constituyente los líderes neoliberales habían manifestado suprema molestia contra los altos giros para el gasto social. El derecho de las localidades a manejar tanta plata y el poco control tecnocrático central sobre su uso fue siempre, y sigue siendo, una odiosa conquista criticada.

La crisis se aprovechó para empezar un proceso de recorte a las transferencias, un incremento del control directo central sobre el uso de los recursos de la política social y un debilitamiento del sector público local. La capacidad de contraer crédito por los gobiernos locales fue disminuida y del déficit en sus cuentas se pasó a un superávit. Para alcanzar estos "logros" se incrementaron tarifas e impuestos locales, se bajaron salarios, se disminuyó el empleo público y se estimuló la privatización de empresas públicas locales.

Detalle significativo, el Ministerio de Hacienda y los banqueros garantizan que porcentajes muy significativos de las transferencias alimenten el lucro financiero, en detrimento de las prioridades sociales del gasto público descentralizado.

Pieza maestra del "ajuste a la descentralización" fue la modificación transitoria de la Constitución en cuanto al cálculo de la bolsa a transferir, acto legislativo No 1 del 2001. En virtud de él, más de 17 billones de pesos (a valor del peso del 2006) se dejarán de girar entre el 2002 y el 2008. La educación pública pierde más de siete billones de pesos (7,35), la salud pública un poco más de 7 billones (7,11) y los otros sectores sociales se sacrifican en dos billones y medio (2,52) de pesos del 2006: el agua potable y el saneamiento básico.

Según cálculos de la Contraloría General de la República, ya para el 2005, la reforma obligó una pérdida de cobertura en educación para tres millones de menores (2.929.030). Es decir, un sacrificio del 24% del aumento posible, de haberse respetado el pacto constituyente. En salud, el sacrificio al 2005 fue de casi cinco millones y medio de personas (5.438.172), que estarían cobijadas por un seguro subsidiado de salud. Es decir, la amputación de un aumento del casi 14% en las coberturas de servicios básicos para la población más pobre del país.

A este sacrificio el gobierno nacional lo llamó "estabilización de las transferencias". La reducción del déficit fiscal general era el bien mayor a lograr. Tarea que, una vez cumplida, daría lugar, en el 2008, a la restitución de los porcentajes aproximados de partida. Si el acuerdo del 2001 se respetara, las transferencias para la política social saltarían en casi cinco billones de pesos (4,9) en el 2009, según los cálculos más conservadores posibles.

Vale advertir que incluso en este escenario nunca se recuperarían todos los valores que se hubiesen girado a partir del pacto constituyente. Otra vez de acuerdo a la Contraloría "esta inyección de recursos adicionales permitiría alcanzar coberturas totales en salud, educación, agua potable y saneamiento básico en pocos años.

Las coberturas en salud con subsidios parciales se lograrían en el 2009 y con subsidios totales en el 2019 se alcanzaría el 97%; en educación la cobertura bruta total se obtendría en el 2012 al igual que las coberturas totales de agua potable y saneamiento básico-.

Pero el gobierno de Álvaro Uribe no desea respetar los acuerdos del 2001. Por el contrario, bajo el pretexto de "volver permanente lo que se quiso transitorio-, se pretende disminuir aun más el monto total del gasto público social por la vía de la descentralización.

Las empresas no financieras del Estado y las entidades territoriales poseen superávit que permiten la desaparición del déficit agregado. Pero, el sector central sigue arrastrando un muy alto déficit. Una vez más la decisión política está tomada. Las metas sociales pueden esperar y las rentas financieras continuar.

En este escenario, Álvaro Uribe lucha sin cesar por extraer montos y capacidad de decisión a los gobiernos locales, para reemplazarlas por los Concejos Comunitarios que preside y por un conjunto de mecanismo de asignación de subsidios que dependen de la cohorte de políticos y funcionarios centrales de su entorno. Esta política reproduce la dependencia de los miserables y la gloria de sus protectores.

El "pacto federativo- de la constituyente estableció una regla según la cual si el país crecía o decrecía las ganancias y las pérdidas se repartirían casi por mitades entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. El gobierno de Pastrana rompió el pacto y el de Álvaro Uribe profundiza la ruptura. Ahora se estabilizan a la baja las transferencias y se concentran una vez más los recursos en el nivel central, específicamente en el gobierno nacional.


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