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Un nuevo comienzo después de la guerra

      
<p>Con estas cifras, se convierte en una tarea prioritaria garantizar que las políticas de desvinculación sean apropiadas y efectivas, teniendo en cuenta los factores familiares, sociales y políticos que intervienen.<br/><br/>Esta situación está siendo analizada por el Centro de Investigaciones en Política Criminal, CIPC, de la Universidad Externado de Colombia, quienes realizaron la investigación: Niñez víctima del conflicto armado: Consideraciones sobre las políticas de desvinculación-.<br/><br/>Las circunstancias que provocan que un menor se vincule a un grupo armado parten de la vulnerabilidad que adquieren al estar expuestos al conflicto. Ésta situación busca corregirse al dejar las armas, dice la abogada Cielo Mariño Rojas, autora de la investigación, Las políticas de desvinculación del Estado no restituyen los derechos de los niños y niñas-.<br/><br/>El argumento está centrado en el análisis de dos etapas políticas de desvinculación. La primera, la política criminal que regula el proceso penal; luego la política de atención brindada en los centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Según Mariño Rojas, estos niños son judicializados porque no hay una norma que los exima de la responsabilidad penal, que sería lo ideal, en tanto que se entienden como víctimas. No sólo por las características del conflicto sino por todo un marco jurídico que los define de esa manera-.<br/><br/>Así las cosas, la vinculación del menor es vista como producto de factores no voluntarios. La llegada a un grupo armado se facilita cuando el Estado no ha llegado a cubrir ciertas necesidades básicas, lo cual hace proclive al menor a tomar esa decisión. Además, factores culturales como el manejo de dinero fácil y la misma presión de la familia influyen en esto. En realidad, la decisión lo único que agrava es su situación al tener restringido el acceso a la educación, la salud y la libertad, y ser objeto de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, explicó la investigadora.<br/><br/>Con la desvinculación se pretende cortar esa cadena de vulneraciones y reestablecer los derechos de forma efectiva. En esa medida, la prioridad es reconocer el estado de vulnerabilidad de la niñez y entender su papel como víctima del conflicto. No se puede entender la restitución de derechos cuando se está privado de la libertad, porque éste es un presupuesto para el goce de cualquier derecho-, afirmó Mariño Rojas; dado que el programa del Icbf está desarrollado básicamente por la institucionalización.<br/><br/>Por otra parte, Julián Aguirre, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas de la Violencia del ICBF, afirmó que si bien es cierto que en un primer momento existe malestar y temor por el menor cuando llega con una serie de expectativas, es también necesario que medie un proceso para obtener beneficios y esa inconformidad inicial se va diluyendo a medida que se contextualiza y avanza el programa-.<br/><br/>Según datos del documento La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los planes de desarrollo departamentales y municipales-, realizado por Unicef y la Procuraduría General de la Nación, en estos últimos cinco años el ICBF ha brindado protección a más de 2.000 niños y jóvenes desvinculados, de los cuales 480 se encontraban vinculados a procesos judiciales. Para el 2004, 320 ya tenían dictada la cesación de proceso.<br/><br/><br/><br/><strong>El papel del Icbf</strong><br/></p><p><br/>Mientras ocurre todo el proceso penal y luego de la sentencia, el menor queda a cargo de ICBF. Desde 1997, la entidad trabaja en la construcción de una política específica de atención a población víctima del conflicto y en especial desde 1999 con la problemática especifica de niños desvinculados. Aguirre señaló que la entidad reconoce que la condición de víctimas de violencia es una categoría social y cultural que requiere de un programa especializado-. Esto se traduce en educación, vivienda, salud, acompañamiento psicológico y acceso a capacitación técnica que va hasta los 18 años. Después de ese lapso existe la posibilidad de pasar al programa de reinsertados de Gobierno Nacional.<br/><br/>Para Mariño Rojas, la atención intramuros es un tipo de encierro que contribuye a una percepción negativa del menor y no ayuda al desarrollo de su identidad. Son niños campesinos que se sienten en encierro, que han perdido a su familia, y se encuentran viviendo en condiciones de reclusión y con una visión de no futuro al salir de estos sitios-.<br/><br/>Según Aguirre, la permanencia en los hogares no se puede constituir como un tipo de reclusión, ya que los menores no están privados de la libertad y su permanencia es voluntaria. En estos últimos años se ha dado un paso hacia una menor institucionalización y en la actualidad un 60% de los menores son atendidos en modalidades como hogares tutores o casas juveniles, la idea es seguir aumentando ese índice-. En estos momentos el Icbf presta la educación fuera de sus instalaciones en horas de la mañana, permitiendo mayor integración. <br/><br/>Por la tarde, los menores realizan talleres, pues la idea es disminuir el tiempo dentro del hogar. Lo ideal es poder reubicar a los menores con su familia, pero según la investigación esto sólo se logra en un 27% de los niños y de éstos únicamente la cuarta parte recibe acompañamiento. Lograr esto no es fácil, muchas veces las familias no son fácilmente ubicadas por cuestiones de desplazamiento o no pueden recibir al menor por amenazas en su contra o de su familia. Además un hogar sustituto no ofrece las garantías de protección y cuidados necesarias.<br/><br/>En relación con lo encontrado en la investigación, se estableció que solo el 5% de los niños llega al final del programa a los 18 años, si no pueden ser ubicados con la familia, y que el 45% lo abandona. Para la abogada la atención intramuros es fragmentaria y no ayuda en realidad a la restitución de derechos de forma plena-.<br/><br/>Según Aguirre, la situación es mucho mas compleja, no es por gusto que los niños se tienen en la institución. Es un tema de responsabilidad con la vida del menor y la institución sirve de medio de transición para moverse en la sociedad autónomamente, donde reciben atención especializada en temas como salud e identidad-.<br/><br/><br/><br/><strong>Atención integral</strong></p><p>Las políticas de desvinculación comienzan con la desmovilización física y requieren de un proceso largo y en algunos casos no satisfactorio del todo. Aguirre afirmó que la situación se torna compleja ya que los muchachos llegan con expectativas de ingresos, producto de una cultura de la ilegalidad donde aprendieron a manejar dinero y este cambio de mentalidad es lo más complicado. El trabajo fuerte está en conseguir en el menor su desmovilización subjetiva-.<br/><br/>El documento de la Unicef y la Procuraduría General de la Nación indica que para enfrentar esta problemática es necesario identificar que la acción del Estado, la sociedad y la familia debe ir dirigida en dos vías: de una parte, hacia la prevención de la vinculación, a través de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de esta población; y de otra, la acción de protección y reestablecimiento de derechos de aquellos que se han desvinculado-.<br/><br/>Debería haber por parte del Estado, una garantía de los derechos de la infancia desde un primer momento, ya que por sustracción de materia no estarían expuestos a un conflicto, porque se les garantizaría derechos como la salud, la educación, dando la oportunidad a la familia de ser responsable con sus hijos-, concluyó Cielo Mariño Rojas. </p><p></p>

Con estas cifras, se convierte en una tarea prioritaria garantizar que las políticas de desvinculación sean apropiadas y efectivas, teniendo en cuenta los factores familiares, sociales y políticos que intervienen.

Esta situación está siendo analizada por el Centro de Investigaciones en Política Criminal, CIPC, de la Universidad Externado de Colombia, quienes realizaron la investigación: "Niñez víctima del conflicto armado: Consideraciones sobre las políticas de desvinculación-.

Las circunstancias que provocan que un menor se vincule a un grupo armado parten de la vulnerabilidad que adquieren al estar expuestos al conflicto. Ésta situación busca corregirse al dejar las armas, dice la abogada Cielo Mariño Rojas, autora de la investigación, "Las políticas de desvinculación del Estado no restituyen los derechos de los niños y niñas-.

El argumento está centrado en el análisis de dos etapas políticas de desvinculación. La primera, la política criminal que regula el proceso penal; luego la política de atención brindada en los centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Según Mariño Rojas, "estos niños son judicializados porque no hay una norma que los exima de la responsabilidad penal, que sería lo ideal, en tanto que se entienden como víctimas. No sólo por las características del conflicto sino por todo un marco jurídico que los define de esa manera-.

Así las cosas, la vinculación del menor es vista como producto de factores no voluntarios. La llegada a un grupo armado se facilita cuando el Estado no ha llegado a cubrir ciertas necesidades básicas, lo cual hace proclive al menor a tomar esa decisión. Además, factores culturales como el manejo de dinero fácil y la misma presión de la familia influyen en esto. En realidad, la decisión lo único que agrava es su situación al tener restringido el acceso a la educación, la salud y la libertad, y ser objeto de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, explicó la investigadora.

Con la desvinculación se pretende cortar esa cadena de vulneraciones y reestablecer los derechos de forma efectiva. En esa medida, la prioridad es reconocer el estado de vulnerabilidad de la niñez y entender su papel como víctima del conflicto. "No se puede entender la restitución de derechos cuando se está privado de la libertad, porque éste es un presupuesto para el goce de cualquier derecho-, afirmó Mariño Rojas; dado que el programa del Icbf está desarrollado básicamente por la institucionalización.

Por otra parte, Julián Aguirre, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas de la Violencia del ICBF, afirmó que "si bien es cierto que en un primer momento existe malestar y temor por el menor cuando llega con una serie de expectativas, es también necesario que medie un proceso para obtener beneficios y esa inconformidad inicial se va diluyendo a medida que se contextualiza y avanza el programa-.

Según datos del documento "La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los planes de desarrollo departamentales y municipales-, realizado por Unicef y la Procuraduría General de la Nación, en estos últimos cinco años el ICBF ha brindado protección a más de 2.000 niños y jóvenes desvinculados, de los cuales 480 se encontraban vinculados a procesos judiciales. Para el 2004, 320 ya tenían dictada la cesación de proceso.



El papel del Icbf


Mientras ocurre todo el proceso penal y luego de la sentencia, el menor queda a cargo de ICBF. Desde 1997, la entidad trabaja en la construcción de una política específica de atención a población víctima del conflicto y en especial desde 1999 con la problemática especifica de niños desvinculados. Aguirre señaló que "la entidad reconoce que la condición de víctimas de violencia es una categoría social y cultural que requiere de un programa especializado-. Esto se traduce en educación, vivienda, salud, acompañamiento psicológico y acceso a capacitación técnica que va hasta los 18 años. Después de ese lapso existe la posibilidad de pasar al programa de reinsertados de Gobierno Nacional.

Para Mariño Rojas, "la atención intramuros es un tipo de encierro que contribuye a una percepción negativa del menor y no ayuda al desarrollo de su identidad. Son niños campesinos que se sienten en encierro, que han perdido a su familia, y se encuentran viviendo en condiciones de reclusión y con una visión de no futuro al salir de estos sitios-.

Según Aguirre, la permanencia en los hogares no se puede constituir como un tipo de reclusión, ya que los menores no están privados de la libertad y su permanencia es voluntaria. "En estos últimos años se ha dado un paso hacia una menor institucionalización y en la actualidad un 60% de los menores son atendidos en modalidades como hogares tutores o casas juveniles, la idea es seguir aumentando ese índice-. En estos momentos el Icbf presta la educación fuera de sus instalaciones en horas de la mañana, permitiendo mayor integración.

Por la tarde, los menores realizan talleres, pues la idea es disminuir el tiempo dentro del hogar. Lo ideal es poder reubicar a los menores con su familia, pero según la investigación esto sólo se logra en un 27% de los niños y de éstos únicamente la cuarta parte recibe acompañamiento. Lograr esto no es fácil, muchas veces las familias no son fácilmente ubicadas por cuestiones de desplazamiento o no pueden recibir al menor por amenazas en su contra o de su familia. Además un hogar sustituto no ofrece las garantías de protección y cuidados necesarias.

En relación con lo encontrado en la investigación, se estableció que solo el 5% de los niños llega al final del programa a los 18 años, si no pueden ser ubicados con la familia, y que el 45% lo abandona. Para la abogada "la atención intramuros es fragmentaria y no ayuda en realidad a la restitución de derechos de forma plena-.

Según Aguirre, la situación es mucho mas compleja, "no es por gusto que los niños se tienen en la institución. Es un tema de responsabilidad con la vida del menor y la institución sirve de medio de transición para moverse en la sociedad autónomamente, donde reciben atención especializada en temas como salud e identidad-.



Atención integral

Las políticas de desvinculación comienzan con la desmovilización física y requieren de un proceso largo y en algunos casos no satisfactorio del todo. Aguirre afirmó que "la situación se torna compleja ya que los muchachos llegan con expectativas de ingresos, producto de una cultura de la ilegalidad donde aprendieron a manejar dinero y este cambio de mentalidad es lo más complicado. El trabajo fuerte está en conseguir en el menor su desmovilización subjetiva-.

El documento de la Unicef y la Procuraduría General de la Nación indica que "para enfrentar esta problemática es necesario identificar que la acción del Estado, la sociedad y la familia debe ir dirigida en dos vías: de una parte, hacia la prevención de la vinculación, a través de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de esta población; y de otra, la acción de protección y reestablecimiento de derechos de aquellos que se han desvinculado-.

"Debería haber por parte del Estado, una garantía de los derechos de la infancia desde un primer momento, ya que por sustracción de materia no estarían expuestos a un conflicto, porque se les garantizaría derechos como la salud, la educación, dando la oportunidad a la familia de ser responsable con sus hijos-, concluyó Cielo Mariño Rojas.

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