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Unimagdalena cancelará con recursos propios mesadas pensionales

      
Los recursos para cubrir este pago provienen del presupuesto de la institución y solamente alcanzarán hasta la mesada de abril, a partir de allí la Nación deberá definir si es ella o la Gobernación del Magdalena la que asumirá esta obligación. <br/><br/> El ingeniero Pablo Vera Salazar, rector encargado de la Universidad del Magdalena, expresó que los dos encuentros con los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y la Administración Departamental dejaron clara la situación. <br/><br/> Los representantes de la Gobernación finalmente reconocieron que el pago de las pensiones las debe hacer la Nación. Por el momento lo asumimos nosotros, indicó Vera Salazar. <br/><br/> Los directivos universitarios anunciaron que la semana entrante vendrán a Santa Marta miembros de una Comisión Interinstitucional con el objeto de revisar el convenio suscrito el 22 de febrero de 1994 por Miguel Pinedo Vidal y Oswaldo Pérez Molina, Gobernador del Departamento y Rector de la institución en aquella época. <br/><br/><span style=font-weight: bold;> Un problema que no es de Unimagdalena</span><br/><br/> El ingeniero Álvaro Espeleta Maya, Vicerrector Académico, recordó que esta casa de estudios superiores ha cancelado puntualmente durante diez años las mesadas. En diciembre pasado, de manera unilateral, el Ministerio de Hacienda decidió cancelar el giro del bono pensional con el que se sustentan las pensiones y ello ha producido todo este problema, declaró Espeleta Maya. <br/><br/> Por su parte, el Vicerrector Administrativo y Financiero, Ricardo Campo Redondo, explicó que los recursos en referencia provienen de la Nación y la universidad sólo hace las veces de nominador de los pensionados. <br/><br/> Lo que menos deseamos es incrementar las matrículas, porque sería fatal para los muchachos que pertenecen a los estratos uno y dos, de donde proviene un alto porcentaje de la población estudiantil, subrayó Campo. <br/><br/> Este encuentro también sirvió para hacerle saber a los periodistas que, contrario a lo que reseña una comunicación del Minhacienda, la Gobernación no se encuentra al día con los aportes de Ley 30 de la universidad, pues existe una deuda acumulada de aproximadamente 21.000 millones de pesos que debe exigirse a través de acciones legales.
Los recursos para cubrir este pago provienen del presupuesto de la institución y solamente alcanzarán hasta la mesada de abril, a partir de allí la Nación deberá definir si es ella o la Gobernación del Magdalena la que asumirá esta obligación.

El ingeniero Pablo Vera Salazar, rector encargado de la Universidad del Magdalena, expresó que los dos encuentros con los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y la Administración Departamental dejaron clara la situación.

"Los representantes de la Gobernación finalmente reconocieron que el pago de las pensiones las debe hacer la Nación. Por el momento lo asumimos nosotros", indicó Vera Salazar.

Los directivos universitarios anunciaron que la semana entrante vendrán a Santa Marta miembros de una Comisión Interinstitucional con el objeto de revisar el convenio suscrito el 22 de febrero de 1994 por Miguel Pinedo Vidal y Oswaldo Pérez Molina, Gobernador del Departamento y Rector de la institución en aquella época.

Un problema que no es de Unimagdalena

El ingeniero Álvaro Espeleta Maya, Vicerrector Académico, recordó que esta casa de estudios superiores ha cancelado puntualmente durante diez años las mesadas. "En diciembre pasado, de manera unilateral, el Ministerio de Hacienda decidió cancelar el giro del bono pensional con el que se sustentan las pensiones y ello ha producido todo este problema", declaró Espeleta Maya.

Por su parte, el Vicerrector Administrativo y Financiero, Ricardo Campo Redondo, explicó que los recursos en referencia provienen de la Nación y la universidad sólo hace las veces de nominador de los pensionados.

"Lo que menos deseamos es incrementar las matrículas, porque sería fatal para los muchachos que pertenecen a los estratos uno y dos, de donde proviene un alto porcentaje de la población estudiantil", subrayó Campo.

Este encuentro también sirvió para hacerle saber a los periodistas que, contrario a lo que reseña una comunicación del Minhacienda, la Gobernación no se encuentra al día con los aportes de Ley 30 de la universidad, pues existe una deuda acumulada de aproximadamente 21.000 millones de pesos que debe exigirse a través de acciones legales.
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