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Expertos dividieron opiniones alrededor de la eficacia del sistema penal acusatorio

      
Invitado por la Facultad de Humanidades a través del programa de Derecho, el doctor Lozano Sanabria sentenció que la Ley 906 de 2004 no es el mecanismo para resolver la situación criminal de Colombia.<br/><br/> Con base en su experiencia explicó que el sistema completó dos años en el interior del país y solamente ha resuelto casos en flagrancia notándose la ausencia de investigaciones sobre delitos complejos. También criticó el abogado Lozano la manera inconsulta como se llevó a cabo la reforma. No le preguntaron a la gente qué pensaba, sostiene.<br/><br/> Este experto cree que el estado colombiano debió sondear la opinión de las universidades, abogados litigantes, funcionarios del poder judicial y la ciudadanía en general. La implementación del sistema penal acusatorio fue una imposición de la Fiscalía, añadió. Desde su punto de vista, otro obstáculo que no ha podido sortear el ordenamiento es el concerniente a sus fuentes de financiación. <br/><br/> No hay plata para aplicar una justicia eficaz. Los fiscales, jueces, magistrados, abogados litigantes y los mismos culpables no tienen con qué enfrentarse al sistema, indicó Lozano Sanabria. <br/><br/><b>Defensa a la oralidad</b><br/><br/> En la orilla contraria a la de Norman Humberto Lozano Sanabria se instaló el especialista en ciencias penales y criminológicas Francisco Bernate, quien defendió el principio de la oralidad en el nuevo Código Penal. <br/><br/> El abogado sostuvo que se trata de una herramienta que facilita los procesos, la capacitación y la comprensión. Estos procedimientos son mucho más cortos y las soluciones inmediatas, eso le permite ver al ciudadano común y corriente una justicia pronta y eficaz, afirmó. <br/><br/> Bernate recordó que impresionaban los cuartos de los despachos judiciales atiborrados de expedientes, con daños irreparables, personas que los desconocían totalmente y por ende, gente que no le hallaba solución a su problema jurídico. <br/><br/> La implementación en la costa Caribe de esta reforma traerá cambios al interior del sistema porque ella es aplicable según la idiosincrasia de los sujetos procesales, dijo.
Invitado por la Facultad de Humanidades a través del programa de Derecho, el doctor Lozano Sanabria sentenció que la Ley 906 de 2004 no es el mecanismo para resolver la situación criminal de Colombia.

Con base en su experiencia explicó que el sistema completó dos años en el interior del país y solamente ha resuelto casos en flagrancia notándose la ausencia de investigaciones sobre delitos complejos. También criticó el abogado Lozano la manera inconsulta como se llevó a cabo la reforma. "No le preguntaron a la gente qué pensaba", sostiene.

Este experto cree que el estado colombiano debió sondear la opinión de las universidades, abogados litigantes, funcionarios del poder judicial y la ciudadanía en general. "La implementación del sistema penal acusatorio fue una imposición de la Fiscalía", añadió. Desde su punto de vista, otro obstáculo que no ha podido sortear el ordenamiento es el concerniente a sus fuentes de financiación.

"No hay plata para aplicar una justicia eficaz. Los fiscales, jueces, magistrados, abogados litigantes y los mismos culpables no tienen con qué enfrentarse al sistema", indicó Lozano Sanabria.

Defensa a la oralidad

En la orilla contraria a la de Norman Humberto Lozano Sanabria se instaló el especialista en ciencias penales y criminológicas Francisco Bernate, quien defendió el principio de la oralidad en el nuevo Código Penal.

El abogado sostuvo que se trata de una herramienta que facilita los procesos, la capacitación y la comprensión. "Estos procedimientos son mucho más cortos y las soluciones inmediatas, eso le permite ver al ciudadano común y corriente una justicia pronta y eficaz", afirmó.

Bernate recordó que impresionaban los cuartos de los despachos judiciales atiborrados de expedientes, con daños irreparables, personas que los desconocían totalmente y por ende, gente que no le hallaba solución a su problema jurídico.

"La implementación en la costa Caribe de esta reforma traerá cambios al interior del sistema porque ella es aplicable según la idiosincrasia de los sujetos procesales", dijo.
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