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¿Por qué protestan los estudiantes de las universidades públicas?

      
La marcha de unos 20.000 alumnos de instituciones públicas bogotanas hace dos días fue el punto más alto de tres semanas de tira y afloje entre estudiantes, directivas universitarias, Gobierno y Congreso. Campus como los de la Universidad Nacional, la Industrial de Santander y la Unicauca han visto interrumpidas sus labores.<br/><br/> No es una situación fácil de explicar, por los matices que tiene de institución en institución. Aunque hay puntos en común en la protesta sobre la financiación de la educación pública, otros temas son muy locales como los servicios de salud, reformas de carreras y contratación de maestros.<br/><br/> En las principales universidades públicas del país, el temor por el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo que acaba de aprobarse fue el detonante. En él se estipula cómo acabar con el problema del pago a los pensionados de las instituciones de educación superior del orden nacional.<br/><br/> La discusión radica en que inicialmente el Senado aprobó que el Gobierno se encargaría de hacer esos pagos. Luego en la Cámara se cambió el texto y quedaron las universidades como responsables. Después del 'lobby' de los rectores, se acordó dividir la carga según la participación del Gobierno en el presupuesto de la universidad.<br/><br/> Esto quiere decir que si una universidad recibe el 80 por ciento de su presupuesto de la Nación, esta deberá pagar el 80 por ciento de las pensiones.<br/><br/><b>Problema de interpretación</b><br/><br/> El artículo dice que las universidades públicas deben asumir los pasivos pensionales. En segunda medida se establece que esas universidades deben asumir acuerdos de concurrencia, donde hay un porcentaje que deben asumir. Eso perjudica sus finanzas, asegura Guillermo Baquero, líder de la Asociación Colombiana de Estudiantes (Aceu).<br/><br/> Según los que están en contra de la medida, los estudiantes son los que terminarán pagando, pues las universidades acudirían a un alza en las matrículas para asumir su parte del pago. Eso ha pasado con otras instituciones, asegura Pedro Hernández, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu).<br/><br/> Pero mientras miles de alumnos salen a las calles y se declaran en paro, el Gobierno dice que todo se trata de un malentendido. Según Cecilia María Vélez, ministra de Educación, la información que tienen los estudiantes universitarios sobre la medida es equivocada.<br/><br/> Gabriel Burgos, viceministro de Educación Superior, explica la posición oficial, que fue respaldada ayer por directivas de universidades como la Nacional. Esta forma de dividir la responsabilidad en el pago está estipulada en la Ley 100 de 1994. Lo que garantiza el Plan de Desarrollo es que, por fin, esa plata sea girada por la Nación a las universidades, y el problema del pasivo pensional no siga como está, dice Burgos.<br/><br/> No subirán las matrículas, aseguró tajante el rector de la Nacional, Moisés Wasserman.<br/><br/><br/><br/>Aunque con menos eco, los rectores de las 31 instituciones del Sistema Universitario Estatal también protestaron por una reforma legal en particular: la que está por ser aprobada en el Congreso al Estatuto de Contratación (Ley 80).<br/><br/> El origen de este otro rifirrafe son los convenios interadministrativos que firman las universidades con entes oficiales sin hacer licitación. Esta figura, para los ponentes de la reforma y para el Ministerio de Educación, ha sido foco de corrupción, pues algunas instituciones se han dedicado a ejecutar contratos que no corresponden con su misión.<br/><br/> Si soy una universidad, ¿qué hago construyendo puentes?, dijo Gabriel Burgos en declaraciones a los medios.<br/><br/> Los 31 rectores coinciden en que esto perjudicará los presupuestos.<br/><br/> El aspecto más crítico es el presupuestal. No es extraño para nadie que se ha hecho un esfuerzo muy grande por ampliar la cobertura. Estamos muy cerca de la matrícula de la universidad privada, en los 70 estábamos en una proporción 70/30 lo que demuestra el proceso de optimización del recurso y la capacidad instalada de la universidad para llegar a más colombianos. <br/><br/> Salvo la Industrial de Santander, en donde los estudiantes levantaron el bloqueo al campus para evitar cancelar el semestre, otras instituciones siguen sin definir si continúan o no con las clases.
La marcha de unos 20.000 alumnos de instituciones públicas bogotanas hace dos días fue el punto más alto de tres semanas de tira y afloje entre estudiantes, directivas universitarias, Gobierno y Congreso. Campus como los de la Universidad Nacional, la Industrial de Santander y la Unicauca han visto interrumpidas sus labores.

No es una situación fácil de explicar, por los matices que tiene de institución en institución. Aunque hay puntos en común en la protesta sobre la financiación de la educación pública, otros temas son muy locales como los servicios de salud, reformas de carreras y contratación de maestros.

En las principales universidades públicas del país, el temor por el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo que acaba de aprobarse fue el detonante. En él se estipula cómo acabar con el problema del pago a los pensionados de las instituciones de educación superior del orden nacional.

La discusión radica en que inicialmente el Senado aprobó que el Gobierno se encargaría de hacer esos pagos. Luego en la Cámara se cambió el texto y quedaron las universidades como responsables. Después del 'lobby' de los rectores, se acordó dividir la carga según la participación del Gobierno en el presupuesto de la universidad.

Esto quiere decir que si una universidad recibe el 80 por ciento de su presupuesto de la Nación, esta deberá pagar el 80 por ciento de las pensiones.

Problema de interpretación

"El artículo dice que las universidades públicas deben asumir los pasivos pensionales. En segunda medida se establece que esas universidades deben asumir acuerdos de concurrencia, donde hay un porcentaje que deben asumir. Eso perjudica sus finanzas", asegura Guillermo Baquero, líder de la Asociación Colombiana de Estudiantes (Aceu).

Según los que están en contra de la medida, los estudiantes son los que terminarán pagando, pues las universidades acudirían a un alza en las matrículas para asumir su parte del pago. "Eso ha pasado con otras instituciones", asegura Pedro Hernández, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu).

Pero mientras miles de alumnos salen a las calles y se declaran en paro, el Gobierno dice que todo se trata de un malentendido. Según Cecilia María Vélez, ministra de Educación, la información que tienen los estudiantes universitarios sobre la medida es equivocada.

Gabriel Burgos, viceministro de Educación Superior, explica la posición oficial, que fue respaldada ayer por directivas de universidades como la Nacional. "Esta forma de dividir la responsabilidad en el pago está estipulada en la Ley 100 de 1994. Lo que garantiza el Plan de Desarrollo es que, por fin, esa plata sea girada por la Nación a las universidades, y el problema del pasivo pensional no siga como está", dice Burgos.

"No subirán las matrículas", aseguró tajante el rector de la Nacional, Moisés Wasserman.



Aunque con menos eco, los rectores de las 31 instituciones del Sistema Universitario Estatal también protestaron por una reforma legal en particular: la que está por ser aprobada en el Congreso al Estatuto de Contratación (Ley 80).

El origen de este otro rifirrafe son los convenios interadministrativos que firman las universidades con entes oficiales sin hacer licitación. Esta figura, para los ponentes de la reforma y para el Ministerio de Educación, ha sido foco de corrupción, pues algunas instituciones se han dedicado a ejecutar contratos que no corresponden con su misión.

"Si soy una universidad, ¿qué hago construyendo puentes?", dijo Gabriel Burgos en declaraciones a los medios.

Los 31 rectores coinciden en que esto perjudicará los presupuestos.

"El aspecto más crítico es el presupuestal. No es extraño para nadie que se ha hecho un esfuerzo muy grande por ampliar la cobertura. Estamos muy cerca de la matrícula de la universidad privada, en los 70 estábamos en una proporción 70/30 lo que demuestra el proceso de optimización del recurso y la capacidad instalada de la universidad para llegar a más colombianos".

Salvo la Industrial de Santander, en donde los estudiantes levantaron el bloqueo al campus para evitar cancelar el semestre, otras instituciones siguen sin definir si continúan o no con las clases.
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