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La U está negada para personas discapacitadas

      
El 6,3 por ciento de la población colombiana, es decir cerca de tres millones, presenta alguna discapacidad y de este porcentaje el 2,34 ingresó algún nivel de educación superior, pero solo el 1 por ciento lo culminó y el 0,1 ha cursado postgrados, indican las cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).<br/><br/> Además, el 33,3 por ciento de estos colombianos, revelan las cifras oficiales, no tienen nivel educativo y el 29,1 no terminó la primaria.<br/><br/> Desde que Rocío entró a su carrera de Ciencias Políticas se encontró con barreras arquitectónicas que le impedían el acceso. Estudió con otra compañera discapacitada y les programaban clases en los pisos superiores de edificios distantes.<br/><br/> Su amiga sufrió un accidente y decidieron interponer una tutela. El fallo en primera instancia obligó a la universidad a programar todas sus asignaturas en el primer piso del mismo bloque, pero no decía nada de una adecuación del campus de brindar facilidades a personas con discapacidades.<br/><br/> Decidieron, entonces, apelar y el segundo fallo sí obligó a las directivas a instalar ascensor, rampas, parqueaderos y acondicionar baños.<br/><br/> Las reformas se realizaron cuando Rocío ya estaba haciendo su práctica profesional, pero aún así "estoy satisfecha porque tanta lucha sirvió para que otras personas discapacitadas entraran a la universidad".<br/><br/> Es que aunque son algunas las instituciones de educación superior (IES) que han realizado esfuerzos por brindar facilidades para que esta población continúe su formación, la mayoría guardan silencio cuando se les pregunta por políticas, programas y estrategias.<br/><br/> Otras se conforman con decir: "Estos estudiantes tienen todas las facilidades y acompañamiento" sin especificar cuáles son, mientras en sus listas de matriculados no hay reportes de estos alumnos.<br/><br/> "El tema de la discapacidad en nuestras instituciones todavía es algo que se aborda de manera superficial. La mayoría se reduce a tener una infraestructura para algún tipo de discapacidad", reconoce María Claudia Hernández Montoya, directora de Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Salazar y Herrera.<br/><br/><br/><span style=font-weight: bold;>Más que rampas</span><br/><br/> Pero no existen aún, afirma, muchos programas que permitan aumentar las estadísticas de educación superior en esta población o dar un acompañamiento permanente para que estas personas puedan culminar exitosamente su proceso formativo.<br/><br/> "Las IES en Colombia, tanto públicas como privadas, no tienen las adaptaciones necesarias para garantizar la educación inclusiva de las personas con discapacidad", agrega Carlos Parra Dussán, docente-investigador de la Universidad del Rosario y coordinador de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad.<br/><br/> La Red se presentó de manera oficial la última semana de agosto de 2007, en Bogotá, en el foro Un camino hacia la educación superior inclusiva, en el que se expusieron algunos lineamientos para que el Ministerio de Educación Nacional formule una política pública sobre el tema, con el objetivo de aliviar las cifras que revela el Dane.<br/><br/> En el encuentro la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, insistió que el acceso a la educación para la población con discapacidad debe contemplarse no sólo en su dimensión arquitectónica y física, sino también en el plano curricular y metodológico.<br/><br/> En el planteamiento coincide el director de la Red, que es invidente y le tocó sacar adelante su carrera de Derecho con las uñas pues no había una política institucional en el momento, aunque reconoce que contó con la solidaridad de profesores y compañeros.<br/><br/> "Pero la idea es que uno ejerza sus derechos y no acuda a la caridad social, por eso queremos abrir el camino para los compañeros que vienen atrás".<br/><br/> El directivo comenta que a esta realidad se suma que las personas con discapacidad, que por lo general están en niveles de pobreza, no son conscientes de la necesidad y la importancia de acudir a la educación superior inclusiva. <br/><br/> Es por eso que la mayoría de sus compañeros con discapacidad, que conoció en la salas de lectura, cuando terminaron el bachillerato no ingresaron a la universidad.<br/><br/> "Y es claro que para una persona discapacitada, que fuera de eso no tiene las exigencias de estudios de postgrado o como mínimo profesionales, los niveles de éxito en su vida laboral se reducen al mínimo".<br/><br/><span style=font-weight: bold;><br/>Es un derecho</span><br/><br/> Para Vernor Muñoz, relator especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, la educación, ya sea básica o superior, debe ser vista como un derecho humano y no como un servicio.<br/><br/> "Y las personas con discapacidad no son un problema que deba ser arreglado", expresó en el foro.<br/><br/> De lo mismo está convencida Rocío y por eso le reclama a las universidades una cultura de la discapacidad que acompañe las soluciones en infraestructura de una actitud más receptiva frente a sus derechos.<br/><br/><span style=font-weight: bold;><br/>Ya hay unas metas fijas frente al tema</span><br/><br/> En el foro Un camino hacia la educación superior inclusiva, que se realizó en la última semana de agosto de 2007 en Bogotá con la participación de cerca de 700 personas de diferentes ciudades, se definieron unos lineamientos para la población discapacitada, como mecanismos eficientes de estadística, financiación y normatividad en torno al sistema de acceso y aseguramiento de la educación con calidad.<br/><br/> En el encuentro la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, propuso trabajar junto con las instituciones de educación superior en estos lineamientos para la construcción de políticas de bienestar universitario, accesibilidad, apoyo y financiación e identificación de experiencias exitosas y propuestas de acciones afirmativas. Los asistentes al foro también reclamaron una mayor información sobre el acceso a la educación en general, la adecuación de las pruebas de ingreso a la universidad, el seguimiento y monitoreo de las políticas nacionales e institucionales, la flexibilización del currículo y la financiación para proveer de intérpretes a los estudiantes discapacitados.<br/><br/><br/><br/>
El 6,3 por ciento de la población colombiana, es decir cerca de tres millones, presenta alguna discapacidad y de este porcentaje el 2,34 ingresó algún nivel de educación superior, pero solo el 1 por ciento lo culminó y el 0,1 ha cursado postgrados, indican las cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).

Además, el 33,3 por ciento de estos colombianos, revelan las cifras oficiales, no tienen nivel educativo y el 29,1 no terminó la primaria.

Desde que Rocío entró a su carrera de Ciencias Políticas se encontró con barreras arquitectónicas que le impedían el acceso. Estudió con otra compañera discapacitada y les programaban clases en los pisos superiores de edificios distantes.

Su amiga sufrió un accidente y decidieron interponer una tutela. El fallo en primera instancia obligó a la universidad a programar todas sus asignaturas en el primer piso del mismo bloque, pero no decía nada de una adecuación del campus de brindar facilidades a personas con discapacidades.

Decidieron, entonces, apelar y el segundo fallo sí obligó a las directivas a instalar ascensor, rampas, parqueaderos y acondicionar baños.

Las reformas se realizaron cuando Rocío ya estaba haciendo su práctica profesional, pero aún así "estoy satisfecha porque tanta lucha sirvió para que otras personas discapacitadas entraran a la universidad".

Es que aunque son algunas las instituciones de educación superior (IES) que han realizado esfuerzos por brindar facilidades para que esta población continúe su formación, la mayoría guardan silencio cuando se les pregunta por políticas, programas y estrategias.

Otras se conforman con decir: "Estos estudiantes tienen todas las facilidades y acompañamiento" sin especificar cuáles son, mientras en sus listas de matriculados no hay reportes de estos alumnos.

"El tema de la discapacidad en nuestras instituciones todavía es algo que se aborda de manera superficial. La mayoría se reduce a tener una infraestructura para algún tipo de discapacidad", reconoce María Claudia Hernández Montoya, directora de Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Salazar y Herrera.


Más que rampas

Pero no existen aún, afirma, muchos programas que permitan aumentar las estadísticas de educación superior en esta población o dar un acompañamiento permanente para que estas personas puedan culminar exitosamente su proceso formativo.

"Las IES en Colombia, tanto públicas como privadas, no tienen las adaptaciones necesarias para garantizar la educación inclusiva de las personas con discapacidad", agrega Carlos Parra Dussán, docente-investigador de la Universidad del Rosario y coordinador de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad.

La Red se presentó de manera oficial la última semana de agosto de 2007, en Bogotá, en el foro Un camino hacia la educación superior inclusiva, en el que se expusieron algunos lineamientos para que el Ministerio de Educación Nacional formule una política pública sobre el tema, con el objetivo de aliviar las cifras que revela el Dane.

En el encuentro la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, insistió que el acceso a la educación para la población con discapacidad debe contemplarse no sólo en su dimensión arquitectónica y física, sino también en el plano curricular y metodológico.

En el planteamiento coincide el director de la Red, que es invidente y le tocó sacar adelante su carrera de Derecho con las uñas pues no había una política institucional en el momento, aunque reconoce que contó con la solidaridad de profesores y compañeros.

"Pero la idea es que uno ejerza sus derechos y no acuda a la caridad social, por eso queremos abrir el camino para los compañeros que vienen atrás".

El directivo comenta que a esta realidad se suma que las personas con discapacidad, que por lo general están en niveles de pobreza, no son conscientes de la necesidad y la importancia de acudir a la educación superior inclusiva.

Es por eso que la mayoría de sus compañeros con discapacidad, que conoció en la salas de lectura, cuando terminaron el bachillerato no ingresaron a la universidad.

"Y es claro que para una persona discapacitada, que fuera de eso no tiene las exigencias de estudios de postgrado o como mínimo profesionales, los niveles de éxito en su vida laboral se reducen al mínimo".


Es un derecho


Para Vernor Muñoz, relator especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, la educación, ya sea básica o superior, debe ser vista como un derecho humano y no como un servicio.

"Y las personas con discapacidad no son un problema que deba ser arreglado", expresó en el foro.

De lo mismo está convencida Rocío y por eso le reclama a las universidades una cultura de la discapacidad que acompañe las soluciones en infraestructura de una actitud más receptiva frente a sus derechos.


Ya hay unas metas fijas frente al tema


En el foro Un camino hacia la educación superior inclusiva, que se realizó en la última semana de agosto de 2007 en Bogotá con la participación de cerca de 700 personas de diferentes ciudades, se definieron unos lineamientos para la población discapacitada, como mecanismos eficientes de estadística, financiación y normatividad en torno al sistema de acceso y aseguramiento de la educación con calidad.

En el encuentro la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, propuso trabajar junto con las instituciones de educación superior en estos lineamientos para la construcción de políticas de bienestar universitario, accesibilidad, apoyo y financiación e identificación de experiencias exitosas y propuestas de acciones afirmativas. Los asistentes al foro también reclamaron una mayor información sobre el acceso a la educación en general, la adecuación de las pruebas de ingreso a la universidad, el seguimiento y monitoreo de las políticas nacionales e institucionales, la flexibilización del currículo y la financiación para proveer de intérpretes a los estudiantes discapacitados.



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