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Demanda de Uniandes logró anular la Ley Forestal

      
Esto, gracias al trabajo desarrollado desde 2006 por el Grupo Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en el diseño y la implementación de una estrategia de litigio.<br/><br/>El alto tribunal concluyó, el pasado 23 de enero en su sentencia C-30/08, que al ser expedida sin cumplir con dicho requisito, la norma en cuestión violó el artículo 330 de la Constitución de 1991, el cual establece la participación de las comunidades para la conformación de las entidades territoriales indígenas y para la explotación de los recursos naturales en sus territorios.<br/><br/>De la misma forma, la Corte recuerda que este derecho también es reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos.<br/><br/>La decisión, según el Grupo Derecho de Interés Público, es un reconocimiento trascendental de los derechos constitucionales de las minorías étnicas y raciales del país, en tanto que elimina del ordenamiento jurídico una norma que afectaba directamente los territorios habitados por una parte importante de estas comunidades y que, aun así, fue aprobada por el Congreso.<br/><br/>Tras la decisión de la Corte, los miembros del Grupo advierten que otras organizaciones sociales podrán adelantar procesos similares en donde las normas puedan violar el derecho a la consulta previa de las comunidades.<br/><br/>Además de las minorías étnicas, los abogados de la Universidad de los Andes aseguran que los grupos ambientalistas han recibido la decisión como un triunfo propio, ya que durante las discusiones en el Congreso que llevaron a la aprobación de la Ley, advertían que la norma no sólo afectaría las comunidades étnicas sino que también afectaba el medio ambiente.<br/>
Esto, gracias al trabajo desarrollado desde 2006 por el Grupo Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en el diseño y la implementación de una estrategia de litigio.

El alto tribunal concluyó, el pasado 23 de enero en su sentencia C-30/08, que al ser expedida sin cumplir con dicho requisito, la norma en cuestión violó el artículo 330 de la Constitución de 1991, el cual establece la participación de las comunidades para la conformación de las entidades territoriales indígenas y para la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

De la misma forma, la Corte recuerda que este derecho también es reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos.

La decisión, según el Grupo Derecho de Interés Público, es un reconocimiento trascendental de los derechos constitucionales de las minorías étnicas y raciales del país, en tanto que elimina del ordenamiento jurídico una norma que afectaba directamente los territorios habitados por una parte importante de estas comunidades y que, aun así, fue aprobada por el Congreso.

Tras la decisión de la Corte, los miembros del Grupo advierten que otras organizaciones sociales podrán adelantar procesos similares en donde las normas puedan violar el derecho a la consulta previa de las comunidades.

Además de las minorías étnicas, los abogados de la Universidad de los Andes aseguran que los grupos ambientalistas han recibido la decisión como un triunfo propio, ya que durante las discusiones en el Congreso que llevaron a la aprobación de la Ley, advertían que la norma no sólo afectaría las comunidades étnicas sino que también afectaba el medio ambiente.
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