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Investigación de la U. Católica sobre la responsabilidad del Estado por la utilización de las TIC

      
<p style=text-align: justify;>En la actualidad no se sabe cuál es la responsabilidad del Estado por actuar en medios electrónicos y esto puede tener consecuencias en políticas que valen miles de millones de pesos, como la política del gobierno en línea o la implementación de los mecanismos electrónicos que establece el nuevo código de procedimiento administrativo.</p><p style=text-align: justify;> </p><p style=text-align: justify;> Imaginemos si se nos exige solo relacionarnos con el Estado por medios electrónicos, acaso ¿el Gobierno no debería garantizarnos a todos el acceso a estos medios?, ¿Qué pasa entonces con las zonas remotas de nuestro país que no poseen acceso a internet? ¿No se estarían vulnerando sus derechos? , son algunas de las preguntas que realiza el Doctor Jairo Becerra, miembro del CISJUC  de la Universidad Católica de Colombia en la investigación.</p><p style=text-align: justify;> </p><p style=text-align: justify;>La investigación se centró en la atención de la promoción y respeto de los derechos fundamentales, la protección de los datos, las actuaciones administrativas respecto de los prestadores de servicios de telecomunicaciones (operadores); y la generación y difusión de contenidos por la publicación de contenidos en internet a través  del gobierno en línea.</p><p style=text-align: justify;> </p><p style=text-align: justify;>Algunos de los resultados fueron el posible surgimiento de un nuevo derecho fundamental a la inclusión digital y la determinación de responsabilidad de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como intermediarios en la relación entre el Estado y los ciudadanos.</p>
Fuente: UCC

En la actualidad no se sabe cuál es la responsabilidad del Estado por actuar en medios electrónicos y esto puede tener consecuencias en políticas que valen miles de millones de pesos, como la política del gobierno en línea o la implementación de los mecanismos electrónicos que establece el nuevo código de procedimiento administrativo.

 

 Imaginemos si se nos exige solo relacionarnos con el Estado por medios electrónicos, acaso ¿el Gobierno no debería garantizarnos a todos el acceso a estos medios?, ¿Qué pasa entonces con las zonas remotas de nuestro país que no poseen acceso a internet? ¿No se estarían vulnerando sus derechos? , son algunas de las preguntas que realiza el Doctor Jairo Becerra, miembro del CISJUC  de la Universidad Católica de Colombia en la investigación.

 

La investigación se centró en la atención de la promoción y respeto de los derechos fundamentales, la protección de los datos, las actuaciones administrativas respecto de los prestadores de servicios de telecomunicaciones (operadores); y la generación y difusión de contenidos por la publicación de contenidos en internet a través  del gobierno en línea.

 

Algunos de los resultados fueron el posible surgimiento de un nuevo derecho fundamental a la inclusión digital y la determinación de responsabilidad de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como intermediarios en la relación entre el Estado y los ciudadanos.


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