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La Educación Superior Pública analiza un nuevo modelo de financiación

      
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Campus de la Universidad Autónoma de Occidente. Fuente: AUO
Según el documento preliminar, se descarta la plena gratuidad de la educación superior y se plantea un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta, entre otros aspectos, un sistema de costos, asignaciones por desempeño, aporte económico de los egresados de las IES públicas y el desmonte de gravámens que inciden sobre las finanzas de las IES, tales como Sena, ICBF, Cajas de Compensación, impuesto predial, IVA, 4 por mil y el impuesto de industria y comercio, estampillas y cuotas de auditaje.

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 El documento, liderado por los consejeros del CESU, recoge diferentes aportes que diagnostican y referencian acciones tendientes al fortalecimiento de la financiación de la educación superior, como uno de los temas prioritarios y más recurrentes, transversal a los otros aspectos abordados por el CESU, que, necesariamente, se deberán articular a las metas de desarrollo que se definan en esta materia.

Antes de presentar la definición sobre el concepto de SOSTENIBILIDAD, es importante ilustrar  qué es lo que se va a sostener y mantener en el largo plazo en materia de educación superior. Lo que se necesita categóricamente redefinir es el SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR del país, ofertado por las cuatro categorías de IES de formación superlativa que existen en Colombia: instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, instituciones universitarias y universidades.  Sin desconocer la misión corporativa de cada una de ellas, todas están inmersas en el sistema; entendiendo, desde luego, los diferentes roles que cumplen. Por lo tanto, dicha organización y funciones deberán quedar claramente definidas en la política pública.

De esta manera, la sostenibilidad se concibe dentro del contexto de equidad, financiación y recursos del sistema; como precepto para la construcción de una política pública de educación superior para el país. Hace referencia a las estrategias y acciones concretas  por medio de las cuales el sistema de educación superior debe ser financiado y sostenible en el corto, mediano y largo plazo; para garantizar el equilibrio entre los requerimientos de cobertura y calidad, la gestión eficiente de las instituciones y el cumplimiento de la misión social para el desarrollo del país.

No obstante lo anterior, la finalidad de este documento está enfocada en los lineamientos sobre sostenibilidad para la construcción de la propuesta de política pública de educación superior en Colombia 2014 – 2034, la cual es liderada por el CESU.

Con el propósito de enmarcar el concepto de sostenibilidad dentro de la estructura sugerida para la elaboración del presente documento, se aporta un anexo que identifica algunas acciones que se constituirán en referentes de análisis para la consecución de recursos financieros frescos, que aunados a los aforados actualmente por el gobierno, permitirán contar con un fondo común para la financiación con equidad del sistema de educación superior colombiano; ingresos que deben ser permanentes, progresivos y crecientes en el tiempo. Entonces, será la reingeniería de un nuevo modelo de financiación del sistema de educación superior, la acción estratégica para soportar los planes de desarrollo académico, como las acciones que se emprendan para el logro de las metas gubernamentales; para ello se requerirá, seguramente, de reformas o expedición de nuevas leyes o decretos, ajustes institucionales, como también, el rediseño de una arquitectura organizacional dinámica y técnicamente muy fuerte, coherente con el sistema, que permita la toma de decisión confiable y oportuna para el cumplimiento de la visión de la política pública de largo plazo para el país.


Proyección

La sostenibilidad de la educación superior conllevará a que el Estado colombiano debe reformular el modelo actual de gestión institucional, identificar nuevas fuentes de financiamiento y revisar la asignación, distribución y destinación de los recursos, de manera progresiva, permanente y creciente, para optimizar los resultados del sistema de manera más equitativa, bajo criterios técnicos de eficiencia y rendición de cuentas, a la vez, acorde con los retos contemplados en la visión propuesta por el CESU a 2034. También, la evolución de las responsabilidades y compromisos para atender una educación terciaria, implicará la generación y destinación de mayores recursos para el cumplimiento de las metas e indicadores, en términos de cobertura y calidad. Al respecto, tal como los identifica la mesa de financiación: “Es necesario establecer un nuevo modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo, tome en cuenta los costos crecientes y las metas del plan de desarrollo y los nuevos paradigmas de la educación superior”.

Además, se deberán ejecutar las acciones necesarias para que todos los bachilleres colombianos, que cumplan con los requisitos, puedan acceder a la educación superior y terminar satisfactoriamente sus estudios; es decir, garantizar de manera sostenible el propósito nacional de una educación para todos.


Lineamientos

La sostenibilidad del sistema de educación superior, como bien público y cultural, será una prioridad del Estado colombiano, equilibrada en términos de recursos, cobertura, calidad, inclusión y pertinencia, que responda a la excelencia y a la visión de la educación superior como apuesta de país.

El Estado deberá garantizar la autonomía universitaria, reconocida hasta tanto se cumplan los equilibrios de calidad,consagrada en la Constitución Política de Colombia, para todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Educación Superior, las cuales podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley.

Todas las instituciones, públicas y privadas, que integran el Sistema Nacional de Educación Superior de Colombia, deberán ser sin ánimo de  lucro.

El Estado colombiano requerirá elaborar las proyecciones técnicas de inversión pública que el sistema de educación superior necesita para los próximos 20 años; diversificarálas formas de financiación; aumentará y destinará técnica y equitativamentelos recursos, de manera permanente, para la sostenibilidad del mismo.

El Estado, deberá realizar una mayor inversión o gasto público para atender la demanda creciente de la educación superior.

El país deberá pensar en la gratuidad o el desmonte de los costos, con unas metas graduales, bajo unas condiciones de calidad, por méritos y acciones de promoción de la permanencia en la educación superior.

Las instituciones de educación superior deberán reconsiderar su carácter de acuerdo con su función misional y la oferta específica de programas de pregrado (universitarios, tecnológicos y técnicos profesionales) y posgrado (especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados), como respuesta a las necesidades de formación, investigación, innovación, ciencia y tecnología que requiere el país, desde las potencialidades y diversidad de las regiones.

Las IES, con programas de educación en medicina e ingenierías, demandan un factor diferencial, frente a la financiación.

La asignación de recursos públicos para las instituciones de educación superior públicas se deberá determinar de acuerdo con criterios técnicos de eficiencia y desempeño académico - administrativo, con procesos verificables y confiables de rendición de cuentas y auditorías.

Las instituciones de educación superior establecerán un nuevo modelo de financiación, que tenga en cuenta un sistema de costos debidamente estructurado y de información confiable derivado de los indicadores de gestión regional, la demanda y oferta de programas de impacto, la respuesta a los procesos misionales, las acciones de aseguramiento de la calidad acordes con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las metas articuladas a la tasa de crecimiento y los planes de desarrollo.

Las instituciones de educación superior medirán la gerencia de la educación superior, en términos de eficiencia y eficacia, con indicadores de gestión claros que permitan alcanzar las metas de gobierno sobre la materia.

Se deberán buscar fuentes de financiación alternativas, para fundaciones o entes jurídicos de utilidad común.

El país, mediante mecanismos de cooperación entre distintos entes del Estado; las instituciones de educación superior, los organismos de cooperación nacional e internacional y la empresa privada, ampliará la cobertura con equidad y calidad, que responda a la disminución de los índices de pobreza y cerrar las brechas sociales entre las regiones.

Las IES deberán articular procesos administrativos para para bajar costos, desarrollar economías de escala, contratar bases de datos para todo el país, incorporar las TICs a los currículos, desarrollar cursos de carácter nacional para instituciones públicas y privadas.

La política de sostenibilidad del sistema de educación superior del país deberá articular todos los esfuerzos del gobierno nacional (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, ICFES, ICETEX, FODESEP, COLCIENCIAS), los entes territoriales (departamentos y municipios), las Instituciones de Educación Superior, el sector productivo, los organismos de cooperación nacional e internacional, los egresados y las familias para aportar al fortalecimiento financiero de las instituciones y el financiamiento gradual que facilite subsidiar la educación superior pública y privada para los estratos 1, 2 y 3, en los próximos 20 años.

La Nación deberá abordar el tema de las regalías, como una política de distribución en proyectos estratégicos y transformaciones para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad.

Se deberá fomentar la retribución del egresado, como alternativa que combina la capacidad de pago y el impuesto de acuerdo con la declaración de renta; para quienes hayan recibido el beneficio de educación superior.

El país modernizará, articulará y fortalecerá las instituciones que hacen parte del sistema de financiación de la educación superior, desde el modelo mixto (público y privado) de atención a la oferta – demanda (ICFES, ICETEX, FODESEP, COLCIENCIAS).

Para las políticas de ampliación de cobertura se requiere atender las necesidades de formación de técnicos profesionales y tecnólogos, posibilitando unos niveles de gradualidad para responder con las potencialidades de las regiones.

El Estado financiará la oferta de educación superior en las subregiones y zonas de frontera, con programas que respondan al desarrollo local;  además, para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

El Estado establecerá un régimen salarial y prestacional para los docentes del sistema de educación superior. Además, definirá, regulará y controlará el tipo de vinculación de los docentes, productividad académica y procesos de evaluación.

El Estado deberá analizar los créditos como unidad de medida académica, frente a trabajo docente y su remuneración.

El sistema de educación superior realizará un proceso de planeación de mejoramiento de la infraestructura física y de inversión de recursos educativos para las Instituciones de Educación Superior.

La Nación compensará los gastos asumidos por todas las Instituciones de Educación Superior, derivados de incentivos creados por la ley (cultura, deportes, excelencia académica, electorales, entre otras).

Las Instituciones de Educación Superior, con el apoyo del Gobierno Nacional, fomentarán y ejecutarán políticas de retención de estudiantes, con acciones debidamente medibles y monitoreadas,  relacionadas con la financiación, el bienestar institucional y el rendimiento académico.

Es necesario fijar recursos diferentes y adicionales, con destinaciones específicas, para mejorar los indicadores de cobertura para poblaciones en situación de vulnerabilidad y apoyo a procesos de inclusión en educación superior.

El Estado colombiano establecerá mecanismos para que los entes territoriales se comprometan con la transferencia de recursos a las instituciones de educación superior públicas -ubicadas en su jurisdicción o adscritas a los mismos- o a las demás entidades encargadas del fomento de la educación superior (ICETEX,  FODESEP u otras que cumplan con funciones similares), de acuerdo con los planes de desarrollo locales y mediante criterios técnicos que respondan a prácticas de eficiencia en el cumplimiento del objeto misional.

El Estado eliminará para todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, los gastos relacionados con pagos parafiscales o transferencias al SENA, ICBF y cajas de compensación; impuesto de industria y comercio, pagos de estampillas prodesarrollo  y universitarias y cuotas de auditaje.

El Sistema de Educación Superior colombiano promoverá acciones de articulación de las Instituciones de Educación Superior, con el fin de optimizar los procesos de contratación y la gestión de recursos.

El Ministerio de Educación Nacional articulará el Sistema de Investigación,  Innovación, Ciencia y Tecnología, desde el diseño de políticas que permitan la identificación y definición de fuentes de financiación y la respectiva distribución de los recursos para las instituciones de educación superior públicas y privadas; además, proyectará los indicadores y costos relacionados con la formación de docentes en maestrías doctorados, posdoctorados, para la financiación de programas de este tipo.

El sistema de educación superior fortalecerá la política estatal de apoyos estudiantiles, con criterios técnicos, conducentes a garantizar el acceso, la calidad, la permanencia y la titulación exitosa de los estudiantes, y que responda a las necesidades de disminución de la pobreza y las brechas sociales existentes en el país.

La política estatal de apoyos estudiantiles debe ser flexible con unas condiciones en concordancia con la capacidad de pago de los estudiantes tras salir de la educación superior y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos a través de la creación permanente de un espacio fiscal independiente para este fin.

El sistema de educación superior del país establecerá una política estatal de financiación para las inversiones en infraestructura física, científica y tecnológica, con condiciones favorables en términos de tasas y plazos.

El Sistema Nacional de Educación Superior deberá crear fondos especializados o bolsas concursables para proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo económico y social del país, mediante modelos de asociatividad que beneficien la eficiencia de las instituciones y los recursos invertidos.

El sistema de educación superior definirá una estructura de regulación de los costos de las matrículas.

Las instituciones de educación superior definirán acciones de corresponsabilidad para los estudiantes y egresados, derivadas de los apoyos por financiación, subsidios o incentivos, en el marco de la política estatal al respecto.

El sistema de educación superior realizará procesos de medición del impacto social y productivo, relacionados con la inversión y la gestión del Estado y las instituciones.

Los recursos derivados de la paz, deberán atender las necesidades de educación superior del país.

El Gobierno Nacional consolidará un sistema de información, bases de datos nacionales  y un megaportal para la educación superior, como herramienta de gestión del sistema y las instituciones.


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